Mientras Roberto Sánchez y otros dirigentes de Juntos por el Perú ensayan malabarismos dialécticos para tomar distancia de Antauro Humala, la realidad se encarga de desmontar el acto con una crudeza difícil de disimular. Porque una cosa es el discurso de campaña —siempre oportunista— y otra muy distinta son los hechos, esos que no admiten maquillaje ni reinterpretaciones creativas.

Lo ocurrido en la conmemoración del 20 aniversario del “Andahuaylazo” no deja demasiado espacio para la duda. Calificar como “acción política” un levantamiento armado que terminó con policías asesinados no es un desliz semántico: es una toma de posición. Y cuando, además, se habla de un “proyecto político sólido a 30 años”, el mensaje deja de ser ambiguo para convertirse en una declaración de intenciones. No es solo memoria selectiva; es la normalización de la ruptura del orden democrático como herramienta válida.

Aquí no estamos ante un simple problema de comunicación política, sino frente a una peligrosa coherencia ideológica que intenta avanzar disfrazada de ambigüedad. Porque mientras se ensayan deslindes en entrevistas y redes sociales, en los espacios donde el cálculo es menor y la convicción aflora, aparece un hilo conductor que une discurso y proyecto. Y ese hilo conduce, sin rodeos, a la validación de métodos que la democracia no puede tolerar sin autodestruirse.