Qué duda cabe que es urgente la reforma política en el país que regule y penalice los aportes financieros no bancarizados a los partidos. Aun cuando algunos piensen que esto ahuyentará a los benefactores que no desean ser registrados, se requiere que las campañas electorales sean más transparentes.

Si el aporte de Credicorp era lícito –como parece– y las cuentas hubiesen estado claras, Fuerza Popular no hubiera tenido el problema de desmenuzar el dinero en pequeñas cuentas. Lamentablemente, si damos por cierto el temor de la banca por el chavismo, se ha recurrido a ocultar el financiamiento de manera antiética.

Los principales promotores de una reforma de los aportes de campaña deberían ser los partidos y agrupaciones políticas. Por un lado, consiguen ordenar sus finanzas con miras a presentarlas ante los órganos de control y evitar posteriores sanciones. Por el otro, logran clarificar sus cuentas internas frente a sus simpatizantes.

Por parte del Estado, urge que se sancione penalmente a aquellos representantes de los grupos políticos que manipulen sus registros de ingresos y egresos. Las amonestaciones pecuniarias no han dado resultado y terminan descansando con apelaciones en el Poder Judicial para no cancelar los montos.

Cuestionar estos procesos, al argumentar que habrá gente que ya no desee aportar por temor a aparecer en un registro, es dejar la puerta abierta para que el país se siga corrompiendo con aportes subrepticios, como los de Odebrecht. Peor aún, podría ingresar dinero del narcotráfico o el crimen organizado.

De una vez, necesitamos eliminar que el dinero entre en maletines a las campañas y que la clase política termine pagando los favores de estos procesos electorales. Las cuentas claras, señores.