Opinión

URUGUAY Y EL ASILO PARA ALAN GARCÍA

COLUMNA: MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ MACKAY

19 de Noviembre del 2018 - 07:00 Miguel Ángel Rodríguez Mackay

El expresidente Alan García Pérez ha ingresado la noche del sábado último a la residencia del embajador de la República Oriental del Uruguay, y al hacerlo ha solicitado que su gobierno le conceda asilo. Aunque lo pida, no se debe olvidar que otorgarlo es un derecho de Uruguay y tiene carácter de inoponible, es decir, no existe ninguna posibilidad de que el Perú se oponga a su concesión, porque corresponde a la plena soberanía de Uruguay, un legado de los Estados con su ius imperium emanado de la histórica Paz de Westfalia de 1648, que puso fin a la Guerra de los Treinta Años en Europa. Ahora bien, es probable que el gobierno de Montevideo decida asilarlo, pues se trata de un político relevante -ha sido dos veces presidente del Perú y su segundo mandato coincidió con el primero que lideró Tabaré Vázquez en ese país, coyunturas en que suelen forjarse afinidades entre jefes de Estado- que maneja muy bien su incuestionable perfil político, y las conversaciones previas -deben haber sucedido- pueden coadyuvar a esta premisa. Al cierre de esta columna, no sé sabe nada sobre la decisión de Uruguay, y de seguir así el estado de las cosas, García podrá permanecer en la Embajada de Uruguay en calidad de hospedado o alojado el tiempo que Uruguay lo estime, y en caso de concederle el asilo por el tiempo que este país lo decida. Lo más probable es que Uruguay, conforme la Convención sobre Asilo de 1954, firmada en Caracas y que es vigente para el Perú desde 1962, luego de concederlo exija al Perú el otorgamiento del salvoconducto, que es un documento que solamente extiende el Estado del que huye aquel que pide asilo, es decir, el Perú; sin embargo, concederlo será un acto político, aunque el Estado cuente con la exigencia de entregar el salvoconducto conforme el artículo 9 de la Convención de Caracas. El caso de Haya de la Torre grafica que no siempre se brinda el salvoconducto, como cuando fue requerido por el gobierno de Colombia al de Manuel A. Odría en 1949, y hasta fueron a la Corte Internacional de Justicia por esta circunstancia en 1950. Lo cierto es que al ingresar en la Embajada de Uruguay, García empodera a la Fiscalía peruana en su afirmación de que quería evadir a la justicia. 

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