Qué duda cabe de que la inseguridad ciudadana es un tema prioritario en la agenda pública. Extorsiones, imposibilidad de trabajar con normalidad e imposibilidad de ser ciudadanos. Existe, sin embargo, otro mal que afecta diariamente a todos los peruanos a nivel nacional: el colapso del transporte urbano. Este, a diferencia de la inseguridad ciudadana, que aleatoriamente nos toca, el transporte nos afecta diariamente y a todos.

¿Qué hay detrás de esto? La incomprensión de un modelo de negocio que el regulador no logra entender. En particular, el transporte de Lima y Callao se encuentra en la implementación de los primeros años de un régimen de entrega de rutas con condiciones, como la renovación de la flota vehicular, contar con GPS y otros requisitos que apuntan a formalizar y mejorar el servicio. Se trata de un sistema que combina estabilidad jurídica en el otorgamiento de rutas, condicionada al cumplimiento de requisitos que mejoren el servicio.

No obstante, al regulador, la ATU, se le olvidó que los transportistas son empresarios con distintas formas de gerenciar sus empresas. ¿Cómo podría, sin financiamiento ni habilitación pública, un transportista acreditar sus ingresos cuando pocos han implementado un sistema de recaudo que los haga bancables? ¿Nos hemos preguntado qué facilidades no sectoriales para el sector transporte serían claves para formalizar realmente el transporte?

Ya nos estamos adentrando en el tercer año de este nuevo régimen, que otorga cinco años para adquirir nueva flota y, con ello, acceder a rutas por 12 y 15 años. ¿Se logrará solo con la norma elaborada por la ATU en el 2022? Difícilmente. Decía Sherlock Holmes: “Usted ve, pero no observa”. En el transporte urbano estamos igual. Vemos, pero no observamos.

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