La falta de voluntad política por poner orden en el caótico transporte urbano de pasajeros en Lima y Callao está haciendo que la informalidad se salga con la suya al provocar la muerte de los llamados Corredores, que se crearon supuestamente para reemplazar a los colectivos piratas que jamás han podido ser erradicados por más que todos los días los veamos operar con total impunidad en las principales vías de la capital y el vecino puerto.

Para que los Corredores puedan ser rentables y operar, el Estado a través de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) ha debido eliminar a los colectiveros que en la práctica son una competencia desleal. Sin embargo, esto no ha ocurrido por más que estos vehículos menores operan al margen de la ley y en muchos casos se han visto involucrados en actos delictivos. Basta pararse unos minutos en Javier Prado o en la avenida Arequipa para verlos circular con total libertad.

Pero el problema no es solo la ATU. Lo real es que no existe voluntad política por erradicar la informalidad en el transporte urbano de pasajeros. Acá tiene que haber una acción decidida de gobierno con el apoyo de la Policía Nacional, pues ya hemos visto cómo los fiscalizadores son golpeados y atropellados por los colectiveros cuando son intervenidos. Además, con operativos de una o dos horas en determinadas esquinas, poco o nada es lo que se va a lograr.

También ha responsabilidad en el Congreso, donde hemos tenido padres de patria que han sido verdaderos portadores de los intereses de los colectiveros informales. Recordemos el caso de un legislador de Somos Perú que había recibido plata de los informales del volante para su campaña, y que no hizo más que proteger la actividad de esta gente que es un verdadero peligro para los usuarios. Lamentablemente esta clase de elementos nocivos hemos tenido en el Poder Legislativo.

La salida de un Corredor y el anuncio de que los otros cuatro también dejarían de circular ante la competencia desleal de los colectiveros no erradicados por la autoridad, no es más que un infeliz triunfo de la informalidad, de lo chicha, de la falta de fiscalización, de la ley de la selva y del reino donde la gente hace lo que le da la gana, siempre en perjuicio del ciudadano que como en cualquier país civilizado, merece un servicio de movilidad digno de seres humanos.

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