En medio de un clima de caos e inestabilidad, el Gobierno de Dina Boluarte parece estar sostenido por un Congreso que, pese a las crecientes denuncias y cuestionamientos, sigue brindándole su apoyo. Recientemente, un grupo de parlamentarios presentó una moción de vacancia, pero su éxito es altamente improbable. La mayoría de los congresistas rechaza esta medida, calificándola como “un acto de resentimiento de los que vivían con Pedro Castillo” y argumentando que “no se puede desestabilizar más el país”. La defensa de Boluarte no solo proviene del Congreso. Ministros como Morgan Quero, de Educación, han calificado las denuncias e investigaciones contra la mandataria como un “intento de golpe de Estado blando”, una afirmación que parece más una consigna política que un argumento sólido.

A pesar de estas defensas, la realidad es ineludible: ni la ingobernabilidad, la incapacidad ni las señales de corrupción parecen afectar significativamente al Ejecutivo, que enfrenta un rechazo masivo por parte de la población.

La percepción popular es clara y contundente. La ciudadanía no ve en Boluarte y sus ministros a líderes capaces de superar la crisis actual. La falta de firmeza y efectividad, sumada a la aparente prioridad de mantener el respaldo del Congreso para asegurar la permanencia en el poder hasta 2026, alimenta la desconfianza y el descontento generalizados. Hoy no habrá votos, pero más adelante quién sabe.