Con el fallo dado recientemente por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que deja muy en claro que las movilizaciones y protestas violentas como las que vimos tras la caída del golpista Pedro Castillo no tienen amparo en la Constitución, los peruanos podemos tener un ápice de esperanza de que el nuestro puede ser un país civilizado y alejado de ese territorio del caos con el que sueñan los vándalos y sus azuzadores que desde un cómodo café y a través de las redes sociales, nos han querido imponer la voluntad de la turba.

Lo mejor de esta sentencia dada para un caso específico, pero que fija jurisprudencia para futuros fallos, es que fue emitida por un colegiado encabezado nada menos que por el vocal supremo César San Martín, el mismo que mandó a la cárcel a Alberto Fujimori, como para que la izquierda violentista ahora indignada al haberse quedado sin piso, no salga con la “narrativa” de que acá ha metido la mano “la derecha” o los “grupos de poder”, que es el agotado argumento al que suelen recurrir cuando las cosas no salen como quieren.

En buena cuenta, lo que dicen el vocal San Martín y su sala es que protestar no es un derecho fundamental y menos si se recurre a la violencia. Deja al margen de la ley a todos aquellos que causen daños a la propiedad pública y privada, bloqueen carreteras, destruyan documentos judiciales o dañen incluso monumentos públicos y obras de arte, todo lo cual vimos desde el 7 de diciembre pasado, cuando la democracia peruana y estado de derecho sufrieron los embates de hordas vandálicas que salieron el defensa de Castillo.

Queda claro ahora que perseguir y sancionar con la ley en la mano a esta gente que cruza la línea y se pone del lado de la violencia, no es “criminalizar la protesta”, sino actuar de acuerdo a la legislación válida para cualquier país que aspire a ser serio. Todos esos a los que les gusta quemar llantas, tirar piedras a la policía, reventar paraderos a palazos, arrancar adoquines de los pisos del Centro de Lima, incendiar comisarías, bloquear el paso de ambulancias e impedir las operaciones aéreas en un aeropuerto, tendrán que pensarlo dos veces antes de pegarlas de “revolucionarios”.

Ahora, queda hacer votos para que lo indicado en este fallo se cumpla y no sea, como tantas veces, letra muerta a la que nadie hace caso. El texto del vocal San Martín y compañía es muy claro y no deja espacio como para que cualquier fiscal o juez ideologizado se ponga a lanzar salvavidas a quienes protesten apelando a la violencia. El Perú no puede ser espacio libre para vándalos y delincuentes que exponen la integridad del resto de ciudadanos. Etapas oscuras en que eso sucedía, deben ser cosa del pasado.

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