Comienza el 2020, año emblemático que convoca esperanzas e ilusiones, más por cábala que por análisis realista de lo que sucederá en nuestro trajinado país que viene de un año traumático y difícil. El proceso electoral no mueve todavía ilusiones y el mandatario espera la decisión del Tribunal Constitucional que podría cambiar los designios de su poder concentrado y ampliado con su influencia mediática. ¿El cierre del Congreso será confirmado como violación constitucional o pasará como simple acto unilateral? ¿Será Vizcarra un gobernante de facto? ¿Consagrará el TC la denegatoria fáctica de la confianza? El proceso competencial aparece complejo y difícil en lo jurídico y en lo político y definitivamente tendrá consecuencias.

Pasadas las fiestas reaparece la angustia colectiva por la inseguridad y la violencia en las calles con víctimas diarias que aumentan sin control, con feminicidios que se incrementan sin protección real. La salud pública no deja de estar colapsada con hospitales desabastecidos. Y la ineficacia del Ejecutivo no se compensará por el nuevo Congreso que no tendrá en sus manos las soluciones.

El equipo que dirige Rafael Vela, que busca terminar con la impunidad de los graves delitos de corrupción, concentra controversia pero también confianza. Su difícil tarea ha generado excesos pero también aciertos y ganado gran apoyo de la población. Este año deberá ser el de las acusaciones fiscales, el de los procesos que finalicen con sentencias de condena o de absolución. Que concluyan las exageraciones de las prisiones preventivas y las de la politización de la justicia. Que con equilibrio se combata la impunidad de los notables e influyentes, y que la anticorrupción sea una bandera coherente entre la ley, los principios éticos y el discurso político. Para que este año tenga un doble veinte, los que pretenden liderar la anticorrupción no pueden ser parte de la impunidad ni de la incapacidad política, policial, fiscal o judicial.

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