Dos palabras han estado de moda en una década de disfuncionalidad del Estado para con los ciudadanos, por decir lo menos. Estas son el Fast Track o “ejecución acelerada” y el famoso “destrabe”. Confieso que yo misma las he usado, son palabras sencillas y entendibles para la audiencia, aún sin explicar cómo se implementarán en términos prácticos. Digamos que, son palabras autosuficientes.

El problema es que, convertidas en eje del discurso político, terminan ocultando una realidad mucho más compleja. Porque ni el destrabe ni la ejecución acelerada constituyen una política pública. Son mecanismos excepcionales para resolver situaciones excepcionales. No pueden reemplazar la reforma estructural que el Estado necesita.

La verdadera pregunta no es cómo acelerar unas cuantas obras, sino por qué millones de peruanos deben esperar mientras solo un grupo reducido de proyectos recibe atención prioritaria. ¿Qué le decimos a una comunidad de Huancané, en Puno, que aún carece de servicios básicos?

El Perú llegó a un punto en el que ya no puede escoger qué problemas atender primero. Las brechas en infraestructura, salud, educación, agua y transporte son tan profundas que prácticamente todo resulta urgente. Apostar únicamente por destrabar proyectos o acelerar algunas inversiones puede generar resultados inmediatos, pero no modifica la capacidad permanente del Estado para planificar, priorizar y ejecutar con eficiencia.

La verdadera reforma consiste en construir un Estado que no necesite mecanismos extraordinarios para cumplir con sus ciudadanos. Un Estado capaz de ejecutar bien desde el primer día, con reglas claras, instituciones sólidas y una planificación territorial que cierre las brechas históricas entre el Perú urbano y el Perú rural. Solo entonces dejará de ser noticia que una obra avance. Porque esa será, simplemente, la forma normal de gobernar.

-