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El gobierno viene impulsando un cambio en el rol de ProInversión para potenciar la inversión. La idea es “destrabar” las inversiones. Es decir, el que trabaría sería el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y ProInversión las agilizaría. Así de simple.

Pero no es tan simple. Hay consenso de que hoy la expansión de la inversión tiene al mecanismo de las asociaciones público-privadas (APP) como su principalísimo instrumento. Las privatizaciones no tienen viabilidad política. La discusión empieza cuando se piensa que intensificar este instrumento pasa por el sobreempoderamiento de ProInversión sin el marcaje del MEF.

Y es que hay una realidad. Las APP autofinanciadas, esas que no necesitan apoyo del Estado ni en desembolsos ni en garantías, ya no existen más. Todo lo que se haga en adelante bajo APPs, va a requerir algún soporte estatal. Y, por tanto, generan pasivos contingentes. Es decir, potencial gasto público que todos pagaremos.

El MEF tiene la responsabilidad de velar por la estabilidad económica y porque cuadren las cuentas. ProInversión tiene el mandato -y el incentivo- para vender APPs. Y está muy bien. Pero necesita el cable a tierra, porque si en el afán de “destrabar” terminamos apresurando demasiado los procesos de APP, solo conseguiremos más proyectos que generen muchos negocios privados, pero poco valor público.

Necesitamos intensificar las APP y mejorar de todo el flujo institucional que las impulsa, incluyendo la adscripción a protocolos de decisión bien establecidos, para asegurar primero el valor público. Pero cuidemos que las APP, un mecanismo valioso para expandir la frontera de cobertura de infraestructuras y de servicios, no caigan en descrédito por solo promover negocios privados. Que vestirse rápido casi nunca equivale a vestirse bien.

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