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Ayer se publicó en el diario oficial El Peruano el nombramiento del abogado Carlos Vásquez Ganoza como nuevo presidente del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), en reemplazo de Julio Magán Zevallos, lo que debería implicar un profundo cambio de la dura realidad carcelaria de nuestro país, la cual, además, en nada ayuda a la lucha contra la violencia en las calles.

Desde hace décadas, las cárceles peruanas son tierra de nadie, espacios donde la corrupción y el delito han sobrepasado el control de las autoridades que, por ineficiencia o dejadez, han permitido que los penales sirvan para cualquier cosa, menos para resocializar a los internos y tenerlos a buen recaudo para que no sigan delinquiendo desde el encierro.

El nuevo gobierno ha mostrado interés en atender esta situación. En el pedido de facultades legislativas al Congreso, el Poder Ejecutivo ha contemplado la necesidad de mejorar la gestión del sistema penitenciario, para de esa manera luchar contra la inseguridad en las calles, pues es sabido que son muchos los delitos que se cometen por órdenes dadas desde las cárceles.

Es de esperarse que las buenas intenciones del nuevo gobierno no queden en eso, pues se necesita una verdadera reforma en el sistema carcelario. Un país que aspira al Primer Mundo no puede seguir con penales dignos de una republiqueta de por ahí. La administración de Pedro Pablo Kuczynski puede pasar a la historia como la que realmente hizo algo frente a este histórico problema. Ojalá así sea.

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