Durante la entrevista que dio en la noche del domingo al programa Punto Final de Frecuencia Latina, el presidente Martín Vizcarra no solo minimizó las investigaciones de parte del Ministerio Público que pesan en contra de su hasta hace poco entorno laboral más cercano, por la contratación de ese personaje inclasificable llamado Richard Cisneros Carballido, sino que formuló un señalamiento que debería ser muy bien explicado por el mandatario.

Ha dicho que su gobierno ha tomado decisiones que afectan a grupos económicos que ahora estarían interesados en afectar y sembrar un “halo de duda” sobre su gestión. Mencionó la ley antimonopolios, octógonos, medicamentos genéricos y el fallo dado por el Tribunal Constitucional que rechaza la prescripción de deudas al Estado de parte de un grupo de empresas. También dijo que en su administración no hay obras direccionadas.

Así las cosas, vemos que la teoría de mandatario es que el “caso Swing” sería una creación de grupos económicos afectados por las decisiones de su gobierno. Si es así, el presidente no debería ser tan genérico, para dar nombres de las empresas, familias o gerentes que estarían detrás de esta conspiración que ha tenido la capacidad de manipular al Ministerio Público para que pida el arresto preliminar de Mirian Morales, Karen Roca, Óscar Vásquez, Richard Cisneros y otros.

Para el presidente Vizcarra, entonces, se trata de una pequeñez el hecho de que se haya pagado a Cisneros con recursos públicos y que luego se haya tratado de obstruir la acción de la justicia desde dentro de Palacio de Gobierno. Para él todo es un complot en su contra por fuerzas políticas y económicas oscuras. No es la primera vez que lo afirma. Lo hizo cuando el Congreso planteó vacarlo hace un par de semanas.

Un gobernante responsable debería ser claro y directo al formular una teoría de ese calibre. La fiscal de la Nación, Zoraída Ávalos, debería pronunciarse sobre lo manifestado por el jefe del Estado, como lo hace hoy en Correo María Isabel León, titular de la Confiep, que agrupa a los gremios empresariales. El presidente Vizcarra debería identificar muy claramente, si es que puede, quiénes son los que quieren tumbárselo por chocar con sus bolsillos.