Hace casi tres meses pedimos desde esta columna (04/03/17) la renuncia del vicepresidente Martín Vizcarra al MTC y advertimos de otro “saavedrazo”. El Gobierno, lamentablemente, optó por este camino y lo echó a la arena del sacrificio, desaprovechando el impulso de popularidad fruto del Niño costero, teniendo como telón de fondo el recalentamiento de las tensiones con la bancada fujimorista a raíz del nuevo manoseo del indulto a su máximo líder. Y así, en total muestra de torpeza política, el Gobierno desprotegió a uno de sus principales alfiles.

Muy bien que se haya parado el pésimo contrato de Chinchero. Hay proyectos que se deben hacer por asociaciones público privadas (APP), pero otros, simplemente no. En cuyo caso, no hay que dejar de ejecutarlos, sino proceder bajo otros mecanismos, como el de la obra pública tradicional. Por cierto, para esto es precisamente el análisis de valor por dinero que el gobierno humalista y el actual se empeñan en descartar del protocolo de implementación de las APP.

La Contraloría, sin embargo, no debe ensuciar con una mano lo que lavó con la otra. Sus denuncias a funcionarios del MTC involucrados supuestamente en un acto doloso dejarán el sabor de una “cacería de brujas”, si no se hace lo propio con los muchos funcionarios del MTC, del MEF, de Proinversión y de Ositran que durante el gobierno anterior permitieron, impulsaron y avalaron el lascivo contrato de Chinchero que la administración Vizcarra trató, sin éxito, de enmendar.

Y, por cierto, pareciera que el Congreso y la Contraloría recién conocen de las APP en el Perú. ¿Dónde estuvieron desde inicios de este siglo, cuando permitieron, por ejemplo, los cuestionados ejes IIRSA? Si hay responsables, muchos serán. No solo los de hoy. O todos o ninguno. No nos quedemos con la “cacería de brujas” ni “chivos expiatorios” para la tribuna.

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