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El presidente Martín Vizcarra ha tomado una decisión acertada al observar la ley con nombre propio que hace pocos días dio el Congreso de mayoría fujimorista para evitar que el expresidente Alberto Fujimori vuelva a la cárcel, luego de que el Poder Judicial dejara sin efecto el cuestionado indulto que le otorgó Pedro Pablo Kuczynski en el 2017.

Son siete los puntos cuestionados por Palacio de Gobierno, que a su vez ha incluido correcciones y propuestas a fin de que el Congreso las debata en las respectivas comisiones y siguiendo todos los procedimientos establecidos para dar una norma que, tal como fue aprobada, queda claro que fue hecha para favorecer a Fujimori, quien por estos días permanece internado en una clínica.

Si bien el fujimorismo tiene una mayoría legítima dada por las urnas, eso no le da carta blanca para hacer lo que quiera en el Congreso. Toda norma debe cumplir con todos los pasos; además, el debate es indispensable antes que una ley vea la luz. En ese sentido, es positivo que el Poder Ejecutivo haga un llamado de atención al Poder Legislativo a través de la observación.

Si realmente hay motivos humanitarios para la emisión de la ley en cuestión a fin de sacar de la cárcel a mayores de 65 años que cometieron determinados delitos, esto debe ser sustentado a través de un debate público en el Congreso. Las normas al caballazo y con nombre propio no pueden ponerse en vigencia. Estamos en un Estado de Derecho, pero la llamada “Ley Fujimori” parece mostrar lo contrario.