Desde el año 2016, el Perú vive atrapado en un ciclo de inestabilidad que ha corroído su institucionalidad y la confianza de los ciudadanos. Siete presidentes, congresos fragmentados y pugnas institucionales se han convertido en parte del paisaje nacional. Lo que alguna vez fue una excepción —la caída de un gobierno— hoy parece la norma. En este contexto, el interés público ha sido desplazado por la lógica del cálculo. ¿Representa realmente eso la política?

La política, entendida como el arte de hacer posible la construcción del bien común, se ha reducido a la competencia por el poder sin propósito. Los partidos han dejado de representar ideas, los liderazgos se han vaciado de contenido y las instituciones se han vuelto arenas de confrontación. Mientras tanto, los grandes problemas del país —educación, salud, seguridad y empleo— siguen esperando soluciones estructurales. La política se consume en sí misma, desconectada de la vida cotidiana de los peruanos.

Volver al interés público no es una consigna moral, sino una urgencia nacional. Implica una transformación ética e institucional. No basta con exigir honestidad personal: se requieren reglas que incentiven la cooperación, la rendición de cuentas y la planificación.

El Perú necesita dirigentes capaces de entender que servir al país no significa dominarlo, sino cuidarlo. La verdadera grandeza política radica en la capacidad de anteponer el futuro común a la ganancia inmediata. Recuperar el sentido de la política como servicio público es el desafío esencial de nuestra democracia, quizá el principal punto de la agenda país que debemos construir si queremos salir del hoyo al que empezamos a caer desde hace un tiempo y cuyo fondo estamos cerca de tocar.