En julio de 2021, el Congreso de la República, presionado por la indignación ciudadana, aprobó con amplia mayoría la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Fue un momento que muchos calificaron como histórico. “Se acabó la impunidad y el blindaje”, celebraron entonces congresistas de distintas bancadas, desde Alianza para el Progreso hasta Acción Popular y Podemos Perú. El mensaje fue claro: ningún parlamentario debía estar por encima de la ley.

Pero apenas cuatro años después, esos mismos partidos han dado marcha atrás. La Comisión de Constitución del Congreso ha aprobado restituir la inmunidad parlamentaria a partir del 2026. Con esta reforma, los futuros legisladores no podrán ser investigados ni procesados sin la autorización del propio Congreso, lo cual equivale, en la práctica, a blindarse una vez más ante la justicia.

No solo se ha revertido una decisión sino que quienes ahora impulsan esta contrarreforma son los mismos que hace poco la repudiaban. En 2021, Acción Popular votó en bloque a favor de eliminar la inmunidad. Hoy, un representante de ese mismo partido ha sustentado el proyecto para reimplantarla. Ya no se trata de ideología o programa: se trata de la absoluta falta de vergüenza.

Restituir la inmunidad parlamentaria es retroceder a los tiempos de los blindajes vergonzosos, las componendas bajo la mesa y la protección de intereses particulares disfrazados de función pública.