El archivo de la denuncia constitucional contra Dina Boluarte por el Caso Rolex, perpetrado ayer por la Comisión Permanente del Congreso, es un síntoma alarmante del blindaje político que goza la presidenta en el Parlamento.

Con 14 votos a favor, el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, controlada por la bancada de Alianza para el Progreso (APP), fue validado sin mayor debate. El partido de César Acuña no solo controla la subcomisión, sino también la Presidencia del Congreso y mantiene a, por lo menos, dos ministros en el gabinete aunque lo niegue. Fuerza Popular, que prometió mano dura contra la corrupción, fue otra bancada que también votó en bloque a favor del archivo. Su respaldo a Boluarte revela una preocupante convergencia de intereses que, en lugar de esclarecer los hechos, busca enterrarlos.Mientras tanto, el Tribunal Constitucional aún debe pronunciarse sobre la posibilidad de investigar a un presidente en funciones por delitos fuera de los determinados por artículo 117 de la Constitución, como cohecho. Pero, ¿no debería el Congreso esperar ese fallo antes de cerrar el caso? La semana pasada, el Ministerio Público presentó cinco nuevas denuncias constitucionales contra Boluarte. Visto lo visto, ¿seguirán también el camino del archivo? Si el Parlamento se convierte en escudo y no en contrapeso, entonces no solo se debilita la justicia, sino que se erosiona lo que queda de institucionalidad democrática.