Un juez ordenó a una clínica a tratar con dióxido de cloro a un paciente COVID-19, quien al poco tiempo falleció. La comunidad médica y el establecimiento de salud privado se opusieron y dijeron que era una aberración jurídica, pero el final se impuso el fallo del magistrado a pedido del hijastro, aconsejado por un médico particular.

No, no ocurrió en el Perú, esto sucedió en Buenos Aires, Argentina. Sin embargo, así como van las cosas no sería raro que en nuestro país también se dé una sentencia parecida.

En los últimos días hemos visto como un joven limeño termina en la cárcel de Huancayo por violación a una menor de 11 años, todo porque un abogado digitó mal un número del DNI del verdadero delincuente. “Cambiaron un número y salí sorteado”, dijo Félix Antonio Merino Celi, quien solo había estado una vez, hace muchos años, en la Incontrastable.

También ha generado hilaridad y rechazo el fallo de tres jueces de Ica, quienes sostuvieron que un proceso penal de un caso de violación quedó paralizado por el coronavirus “creado por las élites criminales que dominan el mundo” y luego se refirieron a Bill Gates, Soros y Rockefeller.

Si la razón, objetividad y verdad son características preponderantes que deben asumir los jueces para impartir justicia, parece que en nuestro país hay algunos que le dan más valor a sus sos´pechas y a las cadenas de whatsapp que a las evidencias.

Todos somos conscientes que un sistemático y concienzudo estudio de los casos develan lo más importante que se debe saber: si la sentencia es justa. En los últimos tiempos se han visto fallos escandalosos que, por la insensatez de algunos cuantos, generan un descrédito del Poder Judicial.