¿Y el 6% del PBI para educación?

El Poder Legislativo modificó el 29 de diciembre del 2020 la Constitución a fin de que el Estado invierta en el Sector Educación no menos del 6 % del Producto Bruto Interno (PBI).

Esta decisión es un anhelo de la comunidad educativa y del país que se ha venido expresando desde comienzos del presente siglo. Así, la Política 12 (i) del Acuerdo Nacional (2002) dice: El Estado “garantizará (...) un incremento mínimo anual en el presupuesto del sector educación equivalente al 0.25 % del PBI, hasta que éste alcance un monto global equivalente al 6% del PBI”.

La Ley General de Educación (2003) en su Artículo 83°dice” (…) Anualmente, el Estado destina no menos del 6% del Producto Bruto Interno a la educación estatal”. Y el PEN al 2021(2007) señala que es necesario “el Incremento sostenido del presupuesto educativo hasta alcanzar no menos del 6% del PBI el año 2012”. Esto ha determinado que en los últimos 15 años los gobiernos hayan incrementado el presupuesto educativo llegando actualmente a alrededor del 4 % del PBI.

Varios especialistas, en los últimos años, sostienen que el incremento del presupuesto debe ser en función del alumno según etapa, modalidad y nivel, así como según la diversidad educativa de los territorios del país. El nuevo PEN al 2036, recientemente aprobado, precisa en su Orientación Educativa 8 (pag.132) que es necesario “Un financiamiento público suficiente que prioriza la asignación de recursos según la diversidad de necesidades garantizando equidad, transparencia y rendición de cuentas”.

Lo cierto es que ya algunos especialistas y voceros del anterior y el actual gobierno han señalado que será difícil cumplir con esta nueva disposición constitucional en el corto plazo (2021-2022).

Independientemente de cualquier consideración, lo cierto es que además de aumentar el presupuesto deben tomarse medidas para mejorar sustantivamente la deficiente gestión presupuestal del Sector. Veremos qué pasa.