Normativamente el Perú es un estado constitucional en el que todos los peruanos tenemos derechos y libertades fundamentales que la Constitución obliga a respetar. Y deben hacerlo de rey a paje, desde el gobernante y las autoridades elegidas y designadas hasta el ciudadano más alejado de nuestro territorio. La lógica indica que a mayor autoridad mayor responsabilidad pero no está sucediendo así a estar por la grave crisis de las instituciones que vive nuestro país. En especial las que conforman el sistema de justicia afectadas por la manipulación y los intereses políticos que vienen llevando al irrespeto de la carta magna por quienes están obligados a defenderla, particularmente  la esencial separación de poderes. Podríamos estar yendo a la anarquía de un estado sin ley ni orden. Para resistir esta amenaza necesitamos conciencia y actuar organizadamente. Con este objetivo el Instituto Latinoamericano de Derechos Humanos y Gobierno (ILADYG), desarrolló el miércoles pasado una importante mesa redonda en la sala Porras del Congreso para evaluar esta realidad con notables especialistas que debatieron en tono académico y de denuncia si tenemos o no un sistema constitucional totalmente vigente o lo venimos perdiendo por falta de cultura y sentimiento político y jurídico. Escuchamos verdaderas conferencias magistrales de Ernesto Blume, Aníbal Quiroga, Carlos Paredes, Roque Benavides y a nuestra exfiscal de la Nación y  congresista Gladis Echaiz cuyo despacho auspició el evento. Un debate valioso que debería darse en las universidades y colegios profesionales a lo largo y ancho del país para defender con conocimiento nuestra democracia y nuestro estado de derecho constitucional. El llamado es sobre todo para los partidos políticos, principales interesados en responder por los destinos del país que quisieran gobernar en paz, justicia y desarrollo.