Juntos por el Perú (JP) y Roberto Sánchez pasaron de querer impugnar cerca de 2400 actas de votación y eliminar la decisión de más de medio millón de peruanos a inventarse un nuevo proceso que implica recontar todos los votos emitidos en la Segunda Elección Presidencial (SEP) 2026.

Esta escalada, apuntalada por una narrativa de fraude, no es más que la desesperación de alguien que ve que está perdiendo cuando aún el partido no acaba. Solo bastó que el conteo de votos empezara a favorecer a Keiko Fujimori y Fuerza Popular para que JP desatara una maquinaria que, felizmente, fracasó en su intento de lograr la nulidad de 2400 actas.

Ante la decisión de los Jurados Electorales Especiales, Sánchez y sus huestes se sacaron de la chistera el recuento de todo el proceso. Algo que no se puede hacer y ni siquiera existe en la normativa electoral vigente.

Pero lo peor de todo no es el afán de anular votos sino de pedirle dinero a los ciudadanos, a esos mismos cuyas votaciones pretende eliminar, para financiar sus recursos en el Jurado Nacional de Elecciones. Vaya contradicción.

Impugnar es un derecho, pero inventarse un proceso, no. Y pedirle al pueblo que financie el intento de desconocer su voluntad no solo es una contradicción, es un insulto.