¿Y Glave y Townsend para cuándo?

Es por lo menos sospechoso que el fiscal José Domingo Pérez haya pasado a dirigir la investigación a Susana Villarán en reemplazo de Carlos Puma, que retorna a su plaza de origen en el área de lavado de activos. La preocupación radica en que un extremo de este caso busca corroborar la enterada versión de José Miguel Castro sobre el dinero recibido por Anel Townsend y Marisa Glave, más otros seis investigados, de las constructoras Odebrecht, OAS y Graña y Montero, entrega con carácter ilícito por cierto, durante la campaña del “No” a la revocatoria. Según Castro, Townsend obtuvo un bono de éxito de 10 mil dólares tras la victoria. A Glave se le acusa de haber recibido, junto a la exregidora Zoila Reátegui, S/60 mil para cubrir los gastos de uno de los mítines finales de la contienda electoral de 2013. La investigación preliminar empezó a mitad de julio y ahora que iniciamos septiembre, poco se sabe del avance de esta pese a la necesidad de terminarla en marzo. No se ha conocido que Puma haya citado a Glave o a Townsend o, de serlo, que su declaración se haya filtrado a la prensa como ha ocurrido persistente y desfachatadamente con otros casos, como el de Keiko Fujimori. Ahora flota la sospecha de una protección, que es válida porque -lo hemos dicho alguna vez- el Equipo Especial, lamentablemente, ha teñido su trabajo de un evidente sesgo ideológico y lo ha contaminado con filtraciones, direccionamientos y ensañamientos a personajes que no eran de su orilla doctrinaria. ¿Quieren ejemplos? Hay decenas, pero aquí les dejamos tres: A Alan García, Luciana León y PPK les dictaminaron impedimento de salida del país por meros testimonios y en la misma fase -preliminar- de la investigación en la que se encuentra el extremo del caso Glave-Townsend. Pero aquí por ahora no hay nada, apenas un empantanamiento justificado por el coronavirus y unas movidas extrañas a las que hay que ponerles la lupa. Nada es casualidad en política y, mucho menos, en el Equipo Especial.