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Es muy grave que el Ministerio de Educación haya repartido en escuelas públicas un libro que contiene un link que lleva a un texto con contenido sexual a todas luces inapropiado para estudiantes de tercero de secundaria; pero más delicado es lo señalado ante el Congreso por la propia titular de la cartera, Flor Pablo Medina, quien luego de calificar a esas “lecciones” de “barbaridad”, casi ha denunciado un sabotaje dentro de su sector con el objetivo de “desinformar”.

En un Ministerio y en cualquier entidad seria, pública o privada, siempre hay responsables plenamente identificados de todas las acciones que se adoptan. En este escandaloso caso, sería bueno que el propio Ministerio de Educación le informe al país quiénes fueron todos los responsables de estos actos. Ayer se anunció la separación de dos personas que dieron el OK final a los contenidos antes de su impresión, pero ¿y los demás?

La ministra Pablo Medina tiene pocas semanas en el Ministerio y es evidente que estos hechos no han sucedido durante su gestión. Está bien que la flamante integrante del gabinete ministerial haya pedido disculpas al país por semejante pachotada y que haya anunciado una investigación al respecto. Sin embargo, habría que ir más allá y denunciar a todos los responsables de estos hechos que afectan a niños y adolescentes y, además, ocasionan grandes pérdidas de dinero.

Todos estos contenidos tienen que ser revisados, así como otros que se hicieron públicos en el pasado y pusieron en evidencia la absurda ideologización de muchos de los contenidos que se imparten en los colegios públicos. No olvidemos que se colocó a personajes respetables, pero poco relevantes de la historia reciente del Perú, al mismo nivel de otros que han marcado un antes y un después. ¿Acá también hubo un sabotaje?

En un país aún pobre y donde la educación es la gran esperanza de miles para salir de la pobreza personal, familiar y general, no se puede actuar con irresponsabilidad o dejando actuar a supuestos saboteadores al momento de elaborar los libros que se reparten en colegios públicos. El país merece una explicación sobre estos hechos que deben ser aclarados, y más aún si de por medio ha habido una “mano negra”.