Desde finales de 2025 e inicios del presente año, hemos visto un intenso despliegue de actividades políticas, cada vez más vistosas, buscando enamorar a un electorado esquivo hasta el día de hoy; sin embargo, esa puesta en escena quedó opacada por el avance del clientelismo político. Las dádivas se multiplicaron, las canastas, artefactos, dinero y promesas de bonos claramente insostenibles.

Todo ello ocurrió ante una autoridad electoral limitada por una normativa desfasada del 2024, que no fue actualizada oportunamente en 2025 con miras a las elecciones generales.

Bajo ese marco, sólo se podía sancionar a candidatos formalmente inscritos, es decir, después de la etapa de calificación y tachas. Esta condición recién se alcanzó en enero de 2026, luego del evidente festín de dádivas durante la campaña navideña. En la práctica, estábamos en una “zona liberada”.

Afortunadamente, el Jurado Nacional de Elecciones ha corregido esta situación. El nuevo reglamento de dádivas para las elecciones regionales y municipales permite sancionar desde la etapa de precandidatura en elecciones primarias a los infractores. Esperamos que fechas como el Día de la Madre o del Padre no repitan los excesos de diciembre.

La corrupción, en su forma más cruda, se aprovecha de la necesidad y no sólo compra votos, sino también la dignidad de las personas.

Finalmente, estimados lectores y electores, quien vulnera la ley para ganar votos difícilmente gobernará respetándola.