Agentes del Inpe protestan por riesgo ante COVID-19

Se complica la situación de los penales en el país y el temor de los internos se traspasó a los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), quienes ahora temen contagiarse. Ayer, decenas de agentes del Inpe protestaron en los exteriores del penal de San Juan de Lurigancho exigiendo mejores condiciones de seguridad para trabajar en medio de la pandemia. “Estamos con las mismas mascarillas desde hace una semana, no hay alcohol, ni guantes ni jabón”, dijeron.

Ellos pidieron que les hagan las pruebas rápidas a todos y que se les implemente con equipos de bioseguridad, pues temen contraer la enfermedad, contagiar a sus familiares o que se propague entre los internos.

“Nosotros también tenemos familia, arriesgamos nuestras vidas, ha habido motines (en otros penales), colegas de rehenes, infectados y nadie ha dicho nada”, manifestaron.

Asimismo, señalaron que son 120 trabajadores y que no realizarán el relevo hasta que se atienda sus exigencias.

BONO. Por su parte, el presidente del Inpe, Gerson Villar, señaló que se ha planteado al ministerio de Economía a través del Ministerio de Justicia, un bono único de 1500 soles para los ocho mil trabajadores.

También indicó que se entregó en marzo entre 9 mil y 30 mil mascarillas, además de alcohol en gel y otros, para todos sus colaboradores y que se distribuirá otro lote esta semana.

Sobre los protocolos de atención refirió que tomarán como ejemplo lo sucedido en el Callao. Es decir, se realizan las pruebas en base a la sintomatología y se aíslan los casos a la escuela del Inpe.

PIDE MEDIDAS. Por su parte, el ministro de Justicia, Fernando Castañeda, hizo ayer, a través de su cuenta de Twitter, un recuento de algunas medidas que tomó al asumir el cargo con la finalidad de evitar el contagio del virus en las cárceles del país.

Volvió a instar al Poder Judicial a actuar dentro del marco procesal, como el otorgamiento de beneficios penitenciarios de semilibertad y libertad condicional a los internos.

Así como la verificación de los procedimientos de prisiones preventivas que ya vencieron además de la libertad inmediata del imputado cuando no se ha dictado sentencia de primera instancia.