Hace seis meses, Arturo Fernández Bazán, alcalde de Trujillo, fue sentenciado en segunda instancia por difamar a la oficial PNP Nataly Rojas Rojas. Sin embargo, desde entonces inició una lucha aparte, con la que consiguió, hasta ahora, permanecer en el cargo de elección popular. Su situación legal, claramente, vulnera lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) y es causal para su salida. Precisamente, esta semana debe rendir cuentas y responder al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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La salida

El organismo electoral, el último jueves, le dio tres días hábiles para que Fernández los notifique con la información referente al proceso de suspensión, que fue aprobado en su contra el pasado 14 de setiembre, y ratificado el último 20 de noviembre en sesión extraordinaria de concejo.

Como se sabe, la defensa del alcalde sostuvo en más de una oportunidad que los regidores sesionaron atribuyéndose funciones que no les correspondía. Sin embargo, el mismo JNE confirmó que el acuerdo aprobado por unanimidad en contra de Arturo Fernández fue válido.

“El alcalde ha venido haciendo un mal uso de sus atribuciones en los primeros seis meses o siete meses del año al reprogramar las sesiones de manera equivocada con la venia del asesor jurídico de la municipalidad provincial de Trujillo”, indicó el regidor Luis González Rosell.

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De acuerdo con el JNE, la gestión de Arturo Fernández pretendía que la sesión de concejo en la que se ratificó su suspensión (20 de noviembre), se llevara a cabo recién en enero de 2024.

“El 30 de noviembre de 2023, el señor alcalde, a través del secretario general, comunicó a los señores regidores que, como él había postergado la sesión del 20 de noviembre del año en curso, los convocaba para una nueva sesión extraordinaria a realizarse el 5 de enero de 2024″, informó el organismo electoral.

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