Alex Kouri: Éstas son las pruebas que llevaron a prisión a exautoridad del Callao

Contraloría detectó una serie de irregularidades en el caso Convial por el que hoy fue sentenciado

30 de Junio del 2016 - 19:09 » Textos: Redacción Multimedia

La Contraloría General de la República ya había detectado una serie de irregularidades en el caso Convial, proceso en el que precisamente hoy el exalcalde del CallaoAlex Kouri, fue condenado a cinco años de cárcel efectiva por el delito de colusión agravada en el caso Convial y deberá pagar S/ 26 millones al Estado como reparación civil.

La Cuarta Sala Penal Liquidadora fue la encargada de sentenciar a Kouri, quien estuvo involucrado en la frustrada construcción de la Vía Expresa del Callao, a cargo de la firma Convial. 

Esta tarde, el fiscal Martín Felipe Salas Zegarra se mostró satisfecho con la condena impuesta contra el exalcalde chalaco, sin embargo denunció que viene siendo amenazado de muerte.

Éstas son las pruebas que llevaron a prisión a la exautoridad del Callao, detectadas por la Contraloría:

EL NEGOCIO ES EL PEAJE. Ésta recordada frase dicha por Alexander Kouri Bumachar resume el caso. La Contraloría informó que en el juicio se ha demostrado que Kouri infringió su deber, como órgano ejecutivo y máxima autoridad administrativa de la Municipalidad Provincial Callao, de defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los vecinos al defraudar al Estado, mediante concertación ilegal con los representantes legales de Convial Callao SA, en el concurso público de proyectos integrales para la construcción de la denominada Vía Expresa del Callo, convocada por el acusado mediante Resolución de Alcaldía N° 18 del 21.06.1999, por el plazo de 30 años con una inversión de US$ 45 574 716,30.

VIA URBANA INTERPROVINCIAL. Señala que Kouri Bumachar quiso otorgar en concesión la denominada Vía Expresa del Callao, pese a que la Avenida Faucett era una vía urbana interprovincial que, según los DS N° 059-96-PCM y N° 060-96-PCM de diciembre de 1996, sólo podía ser concesionada por el PROMCEPRI (luego Copri, y finalmente Proinversión). 

Cuando suscribió la adenda al contrato de concesión de fecha 21.05.2004, ampliando la vía en concesión hasta el Óvalo 200 Millas, Kouri tampoco quiso reparar en que dicho tramo correspondía a la Red Vial Nacional, según la Resolución Ministerial N° 276-99-MTC-15.02 de 30.06.1999, donde solo el MTC estaba autorizado para otorgarla en concesión.

Para proteger los intereses patrimoniales de la Entidad, en el Art. 33° y literal g) del Art. 30°, respectivamente, de los antes citados decretos, se dispuso que las concesiones debían regirse, entre otros, por el principio del equilibrio económico financiero, por el cual el contrato y sus modificaciones debían reflejar el resultado justo y la equivalencia honesta entre las prestaciones a las que se comprometieron las partes.

SIN SUSTENTO TÉCNICO NI LEGAL. La Contraloría refiere que el acusado, principal garante de los intereses municipales, sin ningún sustento técnico ni legal suscribió con Javier Roberto Lowry Gazzini, representante legal de Convial 7 adendas -todas ellas incorporadas a este juicio- que únicamente favorecían los intereses patrimoniales de la citada empresa, en perjuicio del Estado.

¿Qué llevó a un alcalde provincial, en el cargo por más de 10 años, conocido abogado que ya gozaba con amplia experiencia en gestión pública como Director Municipal del Callao y presidente de la Beneficencia Pública del Callao, y excongresista, a disponer de bienes ajenos sin respetar las competencias de terceros? ¿Qué lo llevó a hacer a un lado su deber de defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los vecinos?

FAMILIARES. Según documentos de la Contraloría ha quedado probado en el juicio, con la propia declaración del acusado, los vínculos familiares entre éste y Augusto Dall’Orto Falconí, quien se desempeñó como presidente del Comité de Recepción de Propuestas en junio de 1999, y que próximamente iba a ser su suegro (enero de 2000). El citado Augusto Dall’Orto Falconí era familiar cercano de Roberto Dall’Orto Lizárraga, quien junto con María Dall’Orto Lizárraga (sus sobrinos) y Laura Belaunde de Dall’Orto (su cuñada), eran accionistas y ejecutivos de la empresa ICCGSA, la socia peruana de Convial.

Si bien debido al matrimonio del acusado con Claudia Dall’Orto, el citado Dall’Orto Falconí renunció a la presidencia del Comité de Concesiones; Kouri designó en su reemplazo a Edgar Barriga Calle, quien concluyó el procedimiento y finalmente otorgó la buena pro al Consorcio CCI Concesiones Perú (posteriormente Convial Callao SA). Edgar Barriga Calle era nada menos que el socio del suegro de Kourien Barriga Dall’Orto Ingenieros Consultores.

Cuando el Consorcio CCI Concesiones Perú se convierte en Convial, éste pasa a ser representado legalmente por Mario Ángel Guasco y Roberto Lowry Mazzini.

VÍNCULOS. A pesar de los vínculos familiares de Kouri con accionistas y ejecutivos de empresas relacionadas a Convial, y saber que la ley excluía a la Municipalidad del Callao de concesionar una vía interprovincial, se llevaron adelante dichos actos perjudiciales para el Estado como lo fueron la firma del contrato preparatorio y cláusulas adicionales con Mario Ernesto Ángel Guasco, el contrato definitivo y adendas con Roberto Lowry Mazzini; documentos éstos que han sido examinados en este juicio.

PEAJE. En el juicio oral declararon cinco especialistas de la Contraloría, autores del Informe Especial N° 172-2007-CG/OEA, del Informe Especial N° 240-2007-CG/OEA y de la “Valuación de las obras y equipamiento ejecutados en el “Tramo A” de la Concesión de la Vía Expresa del Callao”. Ellos sustentaron y demostraron que de los US$ 45 574 716.30 que Convial debió invertir, apenas invirtió US$ 8 182 398,74. No obstante, cuando el acusado Alexander Kouri suscribió la adenda de fecha 22.05.2002, decidió que Convial recaudara anticipadamente por peaje y otros conceptos, más de 12.5 millones de dólares (S/ 41 573 783,00), según los cálculos de los peritos.

Así, Kouri decidió que Convial cobrara el peaje sin que hubiese concluido la Vía Expresa del Callao, afectando el equilibrio económico financiero de la concesión y, lo que es más grave e indicio principal de la concertación ilegal, sin recomponerlo, según la Contraloría Todo ello se ha probado con el Acta de recepción de obra del mes de junio de 2005 y el Acta de Inspección Física de febrero de 2007, ambas incorporadas al proceso.

SOBREVALORACIÓN. En efecto, toda la obra se redujo a un corto tramo: el “Tramo A”, valorizado en 8 millones de dólares. Convial declaró haber invertido en ese único trayecto supuestamente US$ 16 346 110.47, sobrevalorando las obras en US$ 8 163 711,73 según la valuación efectuada y sustentada en este juicio por la Contraloría sobre la base de las visitas de inspección en el área y mediciones directas, levantamiento topográfico y ensayos de control de calidad, a cargo de profesionales de la UNI, y cotizaciones de precios de materiales y equipos, realizados.

Asimismo, la Contraloría indicó que Municipalidad pagó por trabajos no ejecutados de US$ 2 020 226,88. Debido a la decisión del acusado, plasmada en la adenda de fecha 21.05.2004 suscrita con el representante legal de Convial Javier Lowry Gazzini, se cambió el paso a desnivel en la intersección las Av. Faucett y Quilca, dando lugar a que el costo de inversión de Convial disminuya en US$ 1 013 782,69. Asimismo, la adenda de fecha 21.05.2004 da cuenta que Convial no construyó dos puentes vehiculares a la altura de las bases naval y policial, ni las respectivas trincheras.

Señaló que Convial hizo una estructura de pavimento con menores espesores, afectando en forma directa el patrimonio del Estado; solo en la diferencia de material el perjuicio ascendió a US$ 574 695,83.

MÁS ADENDAS. El órgano de control también dio cuenta que Kouri mediante adenda de fecha 10.01.2005 suscrita también con Javier Lowry Gazzini suspendió la ejecución de un puente de volteo sur que reemplazaría la trinchera y los dos puentes antes mencionados, lo cual implicó que no ingrese al patrimonio del Estado infraestructura valorizada en US$ 2 293 006,84.

Los miembros de la comisión auditora de la CGR también confirmaron el grave retraso en las obras, agregando que ello otorgaba a la Entidad el derecho a imponer y cobrar una penalidad de US$ 1 500 000,00; monto que debió ingresar a las arcas del Estado. Sin embargo, Alexander Kouri decidió, mediante la suscripción de las adendas de fechas 22.05.2002, 21.05.2004 y 10.01.2005, todas ellas suscritas con Javier Lowry Gazzini, e incorporadas a este juicio, ampliar los plazos sin sustento técnico; "no una sino varias veces, incluso pese a que las obras habían estado inexplicablemente paralizadas durante muchos meses; como era incluso de conocimiento público".

FAVORECIÓ A ACCIONISTAS. Finalmente, sin contar con el informe de la CGR -obligatorio en estos casos-, mediante la adenda de fecha 21.05.2004, Kouri decidió establecer una “garantía complementaria” a favor de los accionistas de Convial destinada a cubrir los riesgos de un eventual incumplimiento contractual por motivos imputables a ella y/o terceros -riesgos que estaban previstos en el contrato-. E

En mérito a esta “garantía complementaria” Convial emitió certificados de inversión que, según el acumulado del certificado de inversión N° 24 de abril de 2006, ascendió a US$ 18 331 592,23 (8). Tales certificados que estaban garantizados por la municipalidad podían ser utilizados ante cualquier banco, exponiendo, de este modo, a grave riesgo a la comuna.

Sumados los importes antes detallados, los daños y perjuicios patrimoniales ocasionados al Estado ascienden a US$ 32 308 537,68, o S/ 106 876 642.70.

La Contraloría señala que el "perjuicio para el Estado de no recibir la obra en el plazo señalado en las bases es innegable: una inversión de 45 millones de dólares debían ingresar al acervo patrimonial del Estado en la forma de una vía expresa; sin embargo, no ingresaron". 

Al parecer lo que sí ingresó a favor de Convial, fue cerca de 12.5 millones de dólares por la recaudación del peaje, según la Contraloría.

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