Aplicación del Código Procesal Penal está en "“pañales”" en Cusco

El 1 de octubre del año 2009 se puso en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, transcurrieron más de 5 años y aún se está en plena implementación con logros y deficiencias, sostuvo la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Cusco, Elizabeth Grossmann Casas, quién también encabeza la Comisión Distrital de Implementación del Código Procesal Penal (CPP).

Integran esta comisión, Elizabeth Grossmann, el presidente de la Junta de Fiscales de Cusco Manuel Mayorga; el jefe de la Región Policial, general PNP Luís Pantoja, y Robert Chávez director general de Defensa Pública y Acceso a la Justicia.

Robert Chávez, calificó la implementación del CPPcomo un proceso y reforma de la administración de justicia que está en “pañales, no se puede esperar que los cambios sean de un día al otro, los cambios tienen un proceso de reforma; en el tema de la reforma procesal penal se dieron modificatorias normativas y obedece a que este código necesita reajustes”, acotó.

Entre estos reajustes que necesita el CPP se encuentra la inasistencia de los abogados a las audiencias en el Poder Judicial, acción que dilata los procesos debido a que se debe de garantizar la defensa de los procesados; se corrige esta situación con la sanción a los hombres de leyes e incluso no descartan solicitar el inicio de procesos administrativos en el Colegio de Abogados de Cusco; por lo pronto se sancionó a 11 abogados de oficio que no acudieron a las audiencias.

Otro de los inconvenientes es la gran cantidad de denuncias y procesos y el número de fiscales y jueces es reducido, por lo que se necesita de mayor logística.

Así también la carga procesal año tras año aumenta.

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de Cusco, Elizabeth Grossmann Casas, señaló que con la aplicación del nuevo CPP, el 2009, se cambio los roles en la administración de justicia. los fiscales pasaron a ser quienes dirigen las investigaciones en un trabajo conjunto con la policía y los jueces se encargan del juzgamiento.

En el 2014 las Salas Penales de Apelación resolvieron 458, mientras que los Juzgados Penales Unipersonales trabajaron 1391 causas y en lo que va del año 411, los Juzgados de Investigación Preparatoria el 2014 solucionaron 2819 requerimientos y en lo que va del año 1931, los Juzgados Penales Colegiados el año pasado han resulto 2010 procesos y este año 60 nuevas causas.

Grossmann, detalló que también existen avances en la programación oportuna de las audiencias; en las Salas Penales de Apelaciones se tiene procesos hasta el 10 de junio del 2015, en los Juzgados Penales Unipersonales hasta el 19 de octubre de este año, en el Juzgado Penal Colegiado hasta el 2 de junio del 2015, en los Juzgados de Investigación Preparatoria hasta el 6 de junio del 2015.

La Comisión Distrital de Implementación del Código Procesal Penal en Cusco (CPP-Cusco), tiene como funciones el seguimiento y monitoreo de la implementación, generar políticas, promover la integración interinstitucional, entre otros. Recién ayer se pudo conocer el trabajo de los integrantes de la comisión que responden a una comisión nacional.

El presidente de la Junta de Fiscales de Cusco, Manuel Mayorga, señaló que desde la aplicación del CPP ingresaron 108 mil 393 denuncias de las cuales 76 mil 728 fueron casos concluidos y se tiene investigaciones pendientes en un número de 31 mil 165 casos.

De los 108 mil 393 casos ingresados en el Ministerio Público, sólo el 15% llegaron a los estrados judiciales, la mayor parte de las investigaciones fueron archivadas u obtuvieron sentencias.

De los casos concluidos, el 55.36%, que en cifras es 60 mil 013, fueron materia de archivo preliminar y mil 534 fueron sobreseidos (archivados), en el Poder Judicial. Mientras que 11 mil 345 casos fueron resueltos con sentencias o acuerdos mediante las salidas alternativas de principios de oportunidad, terminaciones anticipadas y acuerdos reparatorios.

El Ministerio Público registró 3 mil 814 sentencias en su gran mayoría condenatorias que representan el 3.5%.

La magistrada Grossmann, no supo responder cuantas personas fueron privadas por su libertad, desde la aplicación del CPP, ya sea por pedidos de prisión preventiva o por sentencias condenatorias efectivas.