“La falta de titulación es la principal preocupación de los pueblos indígenas este tema ha provocado - desde tiempo atrás- denuncias y protestas que ha generado conflictos con terceros por usurpación, tráfico de tierras y otros; por eso la razón de esta propuesta que permitirá dinamizar el proceso de demarcación territorial y titulación”, indicó el congresista pro Junín, Federico Pariona al referirse  ala iniciativa de su autoría que fue aprobada en la Comisión de Pueblos Andinos

La iniciativa según precisó el congresista Pariona permitirá que estas poblaciones tengan seguridad jurídica sobre sus territorios. Además los gobiernos regionales estarán obligados a priorizar en el desarrollo de sus actividades anuales, así como en la asignación presupuestal, los procedimientos de establecer líneas divisorias y titulación de terrenos de comunidades campesinas y nativas.

El parlamentario que representa la región Junín, precisó que no existen registros oficiales sobre el número de comunidades nativas e indígenas, razón por la que esta norma establece que sean los gobiernos regionales los encargados de recopilar, sistematizar solicitudes de reconocimiento, deslinde, titulación o demarcación territorial anualmente a fin de que sean sistematizados por el Ministerio de Agricultura como ente rector.

“Esta situación hace compleja la tarea de diseñar políticas y estrategias adecuadas para proteger el derecho de propiedad de las comunidades, así como su promoción y desarrollo”, afirmó el parlamentario que espera que el tema sea agendado en el Pleno antes de que se termine la legislatura.

De otro lado, Pariona sostuvo que cuando funcionó el PETT (Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural), creado en 1992, y luego COFOPRI, el reconocimiento de las tierras de los pueblos indígenas fue en aumento, pero cuando se transfirió esta función a los gobiernos regionales, es cada vez menos la labor de titulación.

Hasta la sesión Ordinaria de la Comisión llegaron los líderes de las comunidades indígenas de la Selva Central (Satipo, Chanchamayo, La Merced, Oxapampa) que sustentaron ante este grupo de trabajo la necesidad que tienen de contar con expedientes de titulación completos que les permita acceder a la inscripción y registros oficiales que los acredite como propietarios, para ejercer todos los derechos que la ley les otorga.