Arturo Álvarez: “Municipios no debieron ser declarados en emergencia”

Varios alcaldes que resultaron elegidos para el período 2015-2018 optaron en declarar en emergencia las municipalidades, toda vez que encontraron en desorden dejadas por la anterior gestión. Correo conversó con el especialista en gestión pública Arturo Álvarez Mendoza, quien explica que dicha acción adoptada es ilegal.

¿Es posible la declaratoria de emergencia municipal, al comienzo de una gestión municipal?

Muchas municipalidades a nivel nacional, equivocadamente han optado por declarar en emergencia administrativa y financiera las mismas, la región Puno, no es ajena a estas malas prácticas de gestión. La última norma que posibilitó a las municipalidades del país, a declararse en “emergencia administrativa o financiera” fue la vigésima Disposición Complementaria de la Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades, emitida hace más de 10 años y que otorgaba un plazo de 90 días para que éstos ejecuten los procesos de emergencia.

¿Qué aspectos comprendía esta norma?

Este proceso de “emergencia administrativa o financiera” comprendía la ejecución de las reformas, cambios o reorganizaciones, a que hubiere lugar con la finalidad de optimizar los recursos y funciones para una mejor prestación de servicio, respetando los derechos adquiridos por los actores involucrados, referida especialmente a los trabajadores municipales.

¿Cuál fue la finalidad de esta ley?

Este marco normativo, brindaba la posibilidad de que se efectuara la reorganización necesaria para mejorar el trabajo municipal, teniendo en cuenta los procesos de modernización del estado y de descentralización, pudiendo acordar estructuras más o menos planas de acuerdo a la realidad local, incorporando nuevas competencias y funciones como; el desarrollo económico local, el medio ambiente y turismo, el desarrollo humano (metas del milenio) y el desarrollo de las capacidades locales; entre otros, no contemplados en la Ley Orgánica N° 23853 (anterior).

¿Entonces, la declaratoria de emergencia solo fua para el inicio de aplicacion de la LOM?

Dicha norma taxativamente indica “por única vez”; que quiere decir, que esa norma fue estructurada y destinada para ser cumplida en el marco de la entrada en vigencia de la ley, estamos a doce años de la vigencia de dicha norma y resulta incongruente que luego de ese tiempo alguna municipalidad se adecue recién a ella.

¿Por qué cree que las autoridades municipales optan por declarar en estado de emergencia?

Creo yo, que muchas municipalidades optan por dicho criterio equivocado y contrario a derecho, porque al inicio de gestión encontraron desorden en los instrumentos de gestión o simplemente no cuentan con estos, incluso operan oficinas y áreas y desarrollan labores en ellas, sin que los funcionarios o servidores estén en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) y cuenten con el Presupuesto Analítico de Personal (PAP), para el año fiscal debidamente aprobado.

¿Respecto al presupuesto institucional?

La escasez de recursos financieros que advierten al inicio del periodo, los trámites regulares exigidos, etc., aquí mucho se confunde con la declaratoria de estado de emergencia, en el que durante ese plazo, la gestión que la aprueba puede hacer reformas omitiendo plazos y trámites regulares, incluso procesos de selección.

Ahora ¿Los Municipios que decidieron dicha declaratoria están en falta?

Definitivamente le sacaron la vuelta a la ley, ya que esa norma no está dirigida para ello; a la fecha solo se podrían ejecutar los procesos de reestructuración administrativa reguladas por el Decreto Supremo N° 043-2006-PCM que establece la formulación de los Instrumentos de Gestión, como por ejemplo los Reglamentos de Organización y Funciones (ROF) y sus respectivas estructuras orgánicas.

¿Cuáles son esas malas práctica que usted indica?

Observamos que algunas nuevas autoridades municipales asumen ciertas prácticas que no armonizan con los nuevos escenarios para el ejercicio municipal, de un tiempo a esta parte dejaron de ser la sola atención de los servicios básicos y se emplazan al liderazgo de procesos de desarrollo, al impulso a la economía local, a la gestión sostenible, al gobierno abierto, a la incorporación de nuevas tecnologías en la gestión, a la recuperación de espacios públicos, entre otros.

Finalmente, ¿Las autoridades elegidas por el pueblo cumplen sus promesas?

Lamentablemente muchas gestiones, no cumplen sus promesas de campaña, no acaban las obras del ejercicio anterior, no respetan el presupuesto participativo aprobado, realizan despidos injustificados, cambian el color de obras y carteles por el de su partido.