Ayer ingresó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA la medida cautelar que la Municipalidad Provincial de Junín presentó contra el Estado Peruano, por el retardo injustificado en la denuncia formulada ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Huancayo contra las empresas mineras e hidroenergéticas por la contaminación ambiental del lago Chinchaycocha.
La funcionaria encargada de recibir la medida cautelar en 800 folios, fue Debora Benchoam, quien signó el expediente con el Nº MC-43-13, bajo la presentación del abogado José Alberto Oré León.
Al respecto, el alcalde de Junín, Luis Solórzano Talaverano, señaló que la medida cautelar ante la CIDH de la OEA de por sí es trascendental, pues pone en movimiento el sistema de justicia internacional en un caso tan sensible como la contaminación ambiental del lago Chinchaycocha, el segundo lago más grande del Perú.
"La desidia e inacción de los fiscales ambientales de Huancayo y Pasco nos ha obligado a recurrir a esta instancia supranacional, el cual jurídicamente es válido ya que los artículos 25 y 46 de la admisión de demandas de esta Corte Internacional validan esta acción por tardanza injustificada a la denuncia presentada hace más de un año en la jurisdicción interna", señaló.
Hasta la fecha, el fiscal ambiental de Huancayo no realizó ni una diligencia en el lago; otro caso es del fiscal de Pasco, que no exhibe los resultados del recojo de muestra del 17 de junio del 2012. La CIDH tiene un plazo de tres meses para pronunciarse.
