Comprar una vivienda representa una de las decisiones financieras más relevantes para miles de familias peruanas. Sin embargo, la complejidad de los contratos y el desconocimiento de las normas vigentes pueden generar situaciones de riesgo para los compradores.

Ante este escenario, la Defensoría del Cliente Inmobiliario (DCI) recordó que los consumidores cuentan con mecanismos legales de protección para exigir transparencia y verificar la viabilidad de los proyectos antes de concretar una compra.

Alain Di Natale, director de la DCI, señaló que el acceso a información clara y verificable es fundamental para evitar conflictos relacionados con retrasos, paralizaciones o incumplimientos.

Qué documentos deben revisarse antes de comprar

La DCI recomendó solicitar a las inmobiliarias documentos técnicos y legales que permitan confirmar la legitimidad del proyecto.

Entre ellos figuran la licencia de edificación, planos aprobados, resolución de habilitación urbana y documentación registral del inmueble.

También se aconseja verificar la titularidad del predio mediante la partida registral en SUNARP y confirmar que la empresa cuente con financiamiento respaldado por una entidad financiera.

“El comprador tiene derecho a exigir información clara y transparente antes de asumir una obligación financiera de largo plazo”, indicó Di Natale.

Protección frente a publicidad engañosa y retrasos

La Defensoría recordó que la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, protege a los usuarios frente a publicidad engañosa o incumplimientos en las condiciones ofrecidas.

Esto permite que los compradores puedan reclamar si la vivienda entregada no coincide con lo anunciado o si existen retrasos injustificados en la entrega del proyecto.

Además, la DCI indicó que las estructuras de los inmuebles cuentan con una garantía mínima de 10 años, mientras que los acabados dependen de las garantías establecidas por los fabricantes.

Cómo presentar un reclamo inmobiliario

En caso de controversias, los consumidores pueden acudir a la Defensoría del Cliente Inmobiliario siempre que la empresa se encuentre adherida al sistema.

El reclamo puede realizarse mediante un formulario virtual y requiere documentos como DNI, contrato de compraventa, acta de entrega y otros sustentos vinculados al caso.

Luego de la evaluación de admisibilidad, la DCI convoca a una audiencia de mediación dentro de cinco días hábiles. Si no se alcanza un acuerdo, la entidad emite una resolución final en un plazo máximo de 39 días hábiles.

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