En aproximadamente tres semanas, la Contraloría General de la República culminará la investigación que realiza sobre el caso de la venta de boletos digitales para el ingreso al santuario de Machu Picchu a través de la plataforma Joinnus, anunció el contralor general, Nelson Shack, tras su vivita a Cusco.

“No podríamos decir ahora si hubo un favorecimiento a la empresa privada, tenemos que terminar las investigaciones y hay que dejar que los auditores hagan su trabajo. En tres semanas debe estar resuelto este tema”, declaró.

Recordó que el máximo ente del Sistema Nacional de Control (SNC) ha visto el tema de desorden que hay en la gestión de los boletos a Machu Picchu desde el año pasado y por eso se emitió una auditoría donde se identificó responsabilidad penal en los funcionarios públicos involucrados en estos hechos.

“Este desorden no puede continuar y entiendo de que parte de las decisiones que ha tomado el Poder Ejecutivo es tener un software especializado y que ha sido contratado a una empresa privada, pero eso ha generado un enorme problema. Es impresionante cómo no podemos, desde el Estado en coordinación con la sociedad civil, los gobiernos regionales y locales, ponernos de acuerdo para poder gestionar bien una boletería”, puntualizó.

Añadió que la Contraloría ha iniciado una recopilación de información sobre las dos órdenes de servicio que emitió el Ministerio de Cultura en torno a la venta de boletos electrónicos a Machu Picchu. “Una de esas órdenes de servicio es por un monto menor a ocho UIT, es decir que no hubo proceso. Entonces hay que esperar y en el transcurso del mes de febrero debemos terminar estas investigaciones, cuyos resultados serán de público conocimiento”, acotó.

Asimismo, manifestó que las investigaciones sobre la venta de boletos electrónicos de Machu Picchu y el despliegue de auditores a la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) del Cusco formará parte de una auditoría integral a todo el proceso de visitas a los espacios culturales y museos a nivel nacional.

“Lo que ha saltado a primera vista es lo de Machu Picchu, pero yo me imagino si ha habido un desorden tan grande en la gestión, entonces esto está pasando en casi todo el Perú y por eso vamos a hacer una auditoría global”, comentó.

Por otro lado, Shack Yalta informó que en el año 2023 la Contraloría emitió más de 2 700 informes de control en la jurisdicción del departamento del Cusco y se han identificado responsabilidades administrativas, civiles y penales a más 432 funcionarios públicos, de los cuales 129 pertenecen a instancia del gobierno regional.

“Ustedes pueden saber, a través de nuestra página web, quiénes son esos funcionarios. Lamentablemente, la Contraloría no sanciona, termina su función cuando emite el informe que luego pasa a la Procuraduría, a la Fiscalía o al Poder Judicial, según corresponda”, enfatizó.

También precisó que la Contraloría no se encarga de presentar denuncias contra los funcionarios involucrados en irregularidades, ya que esa es una facultad de la Procuraduría Anticorrupción, que depende de la Procuraduría General de la República.