Contraloría investiga el contrato entre la Municipalidad de Lima y Javier Valle-Riestra
Contraloría investiga el contrato entre la Municipalidad de Lima y Javier Valle-Riestra

El polémico contrato entre la Municipalidad de Lima y el abogado Javier Valle-Riestra, cuyo fin es analizar los vacíos legales y contradicciones del proceso de revocatoria, podría traerle a la alcaldesa capitalina, Susana Villarán, más problemas de los que ya tiene.

Y es que según pudo conocer Correo, la Contraloría General de la República ya habría solicitado formalmente a la Oficina de Control Interno del concejo capitalino que inicie una indagación sobre el contrato.

Las pesquisas buscan establecer si existe evidencia de un manejo irregular de fondos públicos.

En caso de hallarse irregularidades, se daría inicio a una auditoría.

Sin embargo, si el acuerdo entre la municipalidad y Valle-Riestra se encuentra inserto dentro de un convenio protegido legalmente, la Contraloría no podría tomar cartas en el asunto.

MALVERSACIÓN. Al respecto, el congresista de Concertación Parlamentaria Carlos Bruce advirtió que la contratación del abogado es totalmente irregular.

"Esto no es un tema municipal, es un tema que le compete a la señora Villarán. Que lo pague de su bolsillo, no puede usar fondos de la municipalidad. La que está siendo revocada es ella, no el municipio. Para mí, esto es una malversación de fondos", expresó en diálogo con este diario.

El legislador explicó que si bien el contrato se hizo a través del PNUD, ello no significa que el dinero no pertenezca al Estado Peruano.

"No es que se usa plata del PNUD. El PNUD no regala plata. Es el municipio el que le da la plata al PNUD y este lo administra", sostuvo Bruce.

TEMEN UNA DERROTA. Por su parte, el vocero del Comité Pro Revocatoria, Marco Tulio Gutiérrez, consideró que la contratación de Javier Valle-Riestra tendría como objetivo la búsqueda de argumentos legales "ante la eventual derrota de Villarán".

En ese sentido, opinó que desde el municipio limeño pretenden "cuestionar la legalidad del proceso" para no tener que aceptar los posibles resultados adversos de la revocatoria.