Contraloría recomienda adoptar medidas para garantizar la limpieza pública en Callao
Contraloría recomienda adoptar medidas para garantizar la limpieza pública en Callao

La  General recomendó a la Municipalidad Provincial del  adoptar medidas correctivas que permitan garantizar un óptimo servicio de  y darle una adecuada continuidad para no afectar a la salud de los vecinos y el equilibrio medioambiental.

Ello con la finalidad de superar los hechos advertidos en el Informe de Orientación de Oficio N° 018-2019-OCI/0379-SOO realizado al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional Público entre la Municipalidad Provincial del Callao y la Empresa de Servicio de Limpieza Pública del Callao (Eslimp Callao S.A.), aprobado el 21 de junio y firmado por ambas partes el 10 de julio de este año.

El informe detectó que el convenio no incluía entre sus cláusulas las disposiciones establecidas en el Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos para los casos en que las municipalidades tengan contratos de concesión o prestación del servicio de limpieza pública con empresas operadoras, lo que genera el riesgo de no contar con un óptimo servicio de limpieza pública.

Se detectó que entre las cláusulas del convenio no se incluyeron parámetros de calidad técnica, sanitaria y ambiental de servicio; medidas para la atención de contingencias que pongan en riesgo la continuidad y calidad del servicio; penalidades ante el incumplimiento del convenio; y condiciones de seguridad y salud en el trabajo del personal de Eslimp Callao.

El informe de la Contraloría recomienda hacer de conocimiento del alcalde la Municipalidad Provincial del Callao los resultados del informe de orientación de oficio, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, con el objetivo de asegurar la continuidad del servicio de limpieza pública en la provincia chalaca.

Así, la Municipalidad Provincial del Callao cumplió con comunicar al Órgano de Control Institucional (OCI), el Plan de Acción con las acciones preventivas o correctivas que se implementarán para afrontar los hechos detectados en el informe. La entidad tiene un plazo de tres meses para ejecutar tales medidas.