La Covid-19 sigue incrementando el número de muertes en los distintos penales del país. Las cifras se elevaron recientemente a 188, según el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), Rafael Castillo Alfaro, lo cual mantiene en alarma a las diferentes instancias del gobierno y a los familiares de los reclusos.

CIFRAS. La primera semana de mayo llegaron a morir 106 reos. El 19 de mayo, la cifra se elevó a 182 muertes y ahora la lista ha crecido y se aproxima a los dos centenares. A la grave problemática se suman los 1223 reos infectados.

El sistema penitenciario mantiene, entonces, su riesgo de colapso pero las medidas se han hecho esperar. Ante el dantesco escenario, el Ejecutivo removió a Gerson Villar de la jefatura del Inpe a tan solo 5 semanas de haber asumido el cargo.

Paralelamente, en la tercera semana de mayo se conoció que 12 agentes penitenciarios fallecieron a causa de la COVID-19. Las cifras actuales señalan que son 13 los casos de fallecidos y 674 los trabajadores contagiados.

ANÁLISIS. Según los ex jefes del Inpe Wilfredo Pedraza y José Luis Pérez Guadalupe, no hay dudas de que la responsabilidad de este terrible escenario es del gobierno.

“La responsabilidad del Estado es absoluta. Se trata de personas privadas de su libertad por mandato de una autoridad del Estado. La responsabilidad es total. Todo lo que ocurra dentro de la prisión es de la autoridad del Ejecutivo”, señaló Pedraza.

Para Pérez Guadalupe, el problema radica en que “los presos no pueden tener aislamiento social con el hacinamiento que existen en las cárceles”.

“No depende de ellos contagiarse porque no tienen a dónde ir o dónde aislarse. Ellos dependen totalmente de lo que haga o deje de hacer el gobierno. Esa es la gran diferencia, y si no hay médicos y medicinas en los penales, simplemente se contagian”, señaló.

Consultado sobre si el Estado podría ser denunciado ante instancias internacionales, expresó: “Las denuncias son factibles en la medida que haya una inacción y no veo eso. Una denuncia es factible ante el sistema interamericano cuando la autoridad de turno (Ministerio de Justicia, Inpe o Ejecutivo) hayan omitido acciones o por negligencia. Es prematura una denuncia”, opinó.

SALIDA. En ese contexto, Pedraza señala que el gobierno debe seguir insistiendo en reducir el hacinamiento con las políticas de indulto humanitario que se viene realizando en favor de los internos de acuerdo a su condición de salud y casos de gravedad.

“Me parece que la solución está a mediano plazo. Se debe reducir la población penitenciario (con indultos) e implementar medidas de sanidad. Esto se debe hacer con mayor intensidad porque está claro que el número de infectados en penales es mas alto que en la comunidad. El número de muertos es enorme y hay que tomar las medidas para proteger esos derechos”, indicó.

Protestas

El último viernes, 150 agentes y 200 policías incursionaron en el penal de Picsi en Chiclayo ante un motín de bandas criminales.