A las 14:30 horas de ayer, como estaba previsto, se llevó a cabo la lectura de sentencia, en la Sala Penal Liquidadora Transitoria de Cusco, contra la exalcaldesa Marina Sequeiros Montesinos, quien fue acusada por los delitos de peculado doloso, encubrimiento real y cohecho propio en agravio de la Municipalidad Provincial del Cusco.

El colegiado presidido por el magistrado Octavio Concha Mora e integrado por Víctor Ladrón de Guevara y Sonia Alvarez Mendoza, impusieron penas suspendidas contra la exautoridad edil y otros seis implicados.

Sequeiros fue sentenciada a 4 años de pena privativa de libertad suspendida y la inhabilitación por 3 años para el ejercicio de la función pública por usar recursos de la comuna para pagar a su empleada.

EMPLEADA. Otra de las implicadas fue su exempleada, María Vianney Gibaja, quien trabajaba para la exalcaldesa como empleada doméstica y asistiendo a su hijo con discapacidad. Esta trabajadora admitió haber cobrado entre diciembre de 2007 y junio de 2008 como trabajadora de la municipalidad, específicamente del Servicio de Limpieza Pública (Selip), cuando en realidad prestaba servicios en el domicilio de la entonces autoridad edil.

Por estos hechos, Gibaja fue condenada a 3 años de pena privativa de libertad suspendida y la inhabilitación en el ejercicio público durante un año.

FUNCIONARIOS. Estas irregularidades se cometieron con pleno conocimiento de otros funcionarios ediles de entonces, implicados en el proceso como cómplices primarios, entre ellos el director ejecutivo de Selip, Julio Cornejo Cáceres, quien sigue ejerciendo el cargo. Aunque en su defensa, este argumentó desconocer que la trabajadora también era empleada de la alcaldesa. La Sala le impuso una pena privativa de libertad suspendida de 3 años y la inhabilitación en el ejercicio de función pública por dos años. Por tanto, se espera que en las próximas horas sea separado de la comuna provincial.

El exsupervisor de Selip, Norman Paiva, quien supuestamente era el jefe inmediato de Gibaja y el exdirector de limpieza Glicerio Alfaro, fueron sentenciados a un año de pena suspendida y el mismo tiempo de inhabilitación para el ejercicio de la función pública, lo mismo para Jorge Gibaja Ormachea y José Hugo Astete Luna, trabajadores ediles que tenían conocimiento de los hechos, estos últimos fueron procesados como cómplices secundarios.

REPARACIÓN CIVIL. De forma solidaria, los sentenciados deberán pagar 12 mil nuevos soles a favor de la parte agraviada, es decir, la comuna provincial, aunque la titular de la Tercera Fiscalía Superior Penal, Rosa Alcira Yabar, había solicitado 15 mil. Sequeiros, Gibaja y Cornejo además deben devolver el monto de los pagos irregulares.