Las víctimas de violencia en el país han alcanzando los 51,196 casos, pero el número de las denuncias que se interponen no superan los 30 mil. Los datos, presentados por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a través del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, solo consideran los cinco primeros meses del 2018.
La realidad del país supera la frialdad de los números. Cada caso es una historia y cada historia no es una estadística. Sin embargo, hay veces en que son necesarias. La capital, por ejemplo, lidera el listado con 16,743 víctimas, y entre las regiones que la secundan están Arequipa (5290), Junín (2432), La Libertad (2129) y Puno (2046).
Regiones
La presencia de los Centros de Emergencia Mujer (CEM), en las distintas regiones del país, es indispensable para que las víctimas decidan denunciar o no a su agresor, así como para motivarlas para que no desistan en su lucha. Además, cuando la persona ha denunciado por su voluntad, esta puede recibir el apoyo legal del CEM.
“Algunas de las víctimas se acercan con sus denuncias avanzadas y solicitan asesoría. Nosotros tomamos la denuncia y continuamos con el proceso”, indicó Ana Conde, funcionaria del CEM Junín.
Las cifras demuestran, en Junín, que del total de casos presentados, solo 966 víctimas se animaron a entablar una denuncia contra su agresor sin ninguna intervención del CEM. Sin embargo, el incremento del número refleja que 1783 víctimas recibieron el respaldo jurídico que les permitió evaluar una posible denuncia. Es decir, les brindaron las herramientas para comprender mejor la dimensión de la violencia a la que están expuestas.
En tal sentido, Carlos Soto, coordinador del CEM Junín, explicó que si bien no todas las personas se deciden a denunciar, sí se van con ideas claras del empoderamiento de la mujer y un conocimiento mayor de sus derechos, valoración de su integridad y su lugar preponderante en la sociedad. Afirmó que ello permite que no solo piensen en denunciar por violencia física o sexual, sino que consideren la agresión verbal como una manifestación agravante.
Por su parte, en la región La Libertad, 722 víctimas denunciaron por su propia iniciativa, pero 1407 no presentaron denuncia. No obstante, con la asesoría del CEM, se alcanzó patrocinar a 1783 víctimas en el área psicológica y legal. Para lograr ello, se buscó que las personas afectadas cuenten sus historias y no se queden calladas. Porque mientras más víctimas denuncien, o más conozcan sobre sus derechos, más se garantiza el cese de las agresiones.
Asimismo, la viceministra de la Mujer, Silvia Loli, indicó que las dificultades de proceder por la vía penal se dan porque la mayoría de casos son por violencia psicológica y demora conseguir los elementos probatorios. “A pesar de que hay trabajo en conjunto con el Poder Judicial y Ministerio Público, aún nos falta estandarizar los criterios”, añadió.
Otros casos
Puno presenta 2046 víctimas, de las cuales 1524 pusieron su caso en manos del CEM, recibiendo la ayuda psicológica y social respectiva. El rol del CEM, en esta región, ha contribuido, según demuestra el informe, a que más víctimas encuentren los instrumentos que le permitirán reforzar los conceptos de los tipos de violencia y sus consecuencias si no se interviene oportunamente.
El caso de Arequipa refleja que la decisión de la víctima, ante cualquier reacción negativa de su agresor, es la de denunciar. Porque de los 5290 casos de violencia, el 83% de víctimas (4373) decidieron interponer una denuncia. Es decir, las víctimas no quieren ser cómplices de sus victimarios.
