La jornada de este martes 22 de setiembre será decisiva para la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), puesto que el pleno del Tribunal Constitucional podría impedir que dicho organismo técnico especializado realice el cobro de más de S/ 9 mil millones a empresas deudoras.

Esto debido a que el Colegio de Abogados de La Libertad presentó una demanda de inconstitucionalidad por el Decreto Legislativo número 1421, mediante la cual se impide la prescripción de las deudas que más de un centenar de empresas tiene con la SUNAT.

El conflicto legal tuvo su génesis cuando el Tribunal Fiscal (TF) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió una resolución (4-2017) que disponía que la SUNAT debía contar el mismo plazo de cuatro años para realizar la fiscalización respectiva a las empresas y, de ser el caso, cobrar las deudas contraídas antes del 2012.

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Desde el organismo consideraron que dicha resolución contradecía a la ley. Según la expresidenta del organismo adscrito al MEF, Claudia Suárez, esa disposición impedía el cobro de S/11 mil millones.

Decreto en disputa

El decreto legislativo número 1113, emitido durante la gestión del exmandatario Ollanta Humala establecía que la “interrupción”, término recogido en el Código Tributario, desencadenaba en un nuevo plazo para cobrar la deuda.

La “interrupción” se refiere al lapso en el que la SUNAT inicia acciones para realizar el cobro de la deuda de una empresa, luego de haber analizado si existen irregularidades en lo que declara.

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Sin embargo, para el Tribunal Fiscal, el decreto no aplicaba en un caso concreto debido a que fue publicada en el 2012. Dicho caso refiere al de una empresa que acudió a la instancia del MEF para reclamar porque la SUNAT le envió la notificación del cobro de su deuda en el 2014, cuando la había contraído en el 2009.

El TC entra a tallar

Con el objetivo de asegurar el cobro de los S/ 11 mil millones, el gobierno de Martín Vizcarra emitió el decreto legislativo número 1421, mediante el cual se establece que el 2012 es el año que da inicio al plazo de prescripción para el cobro de deudas contraídas con anterioridad.

Es por ese motivo que el Colegio de Abogados de La Libertad interpuso una demanda de inconstitucionalidad ante el TC contra dicha norma, promulgada en setiembre del 2018.

El magistrado y ponente del caso ante el pleno del Tribunal Constitucional recoge dicha solicitud, alegando que el decreto legislativo número 1421 es retroactivo y vulnera el principio de prescripción.

Este martes, el pleno del TC debatirá la propuesta de sentencia de Blume. De prosperar, el Estado peruano no podrá cobrar los S/ 11 mil millones que aseguró estaban en juego la expresidenta de la SUNAT, Claudia Suárez.

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