El módulo de la Defensoría del Pueblo en Pichari recomendó a las municipalidades distritales de la zona del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) a garantizar la integridad de los procesos de contratación directa de bienes y servicios en el marco de la emergencia por las intensas lluvias y evitar cualquier riesgo de actos de corrupción que impidan la atención adecuada de los derechos fundamentales de las personas.

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Mediante un documento dirigido a los alcaldes de Anco, Chungui, Santa Rosa, Unión Progreso, Río Magdalena, Samugari, de la provincia de La Mar; así como a los municipios de Sivia, Llochegua y Canayre, de la provincia de Huanta; en la región Ayacucho, se solicitó reforzar las medidas de integridad institucional a través de la adopción de buenas prácticas.

Al respecto, el coordinador del módulo defensorial, Elvis Guzmán, indicó que entre estas medidas se encuentran la de verificar que las/los proveedoras/es no se encuentren impedidos para contratar con el Estado. Para ello, deben verificar el portal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

“También se debe confirmar que la contratación del proveedor seleccionado no genere alguna situación de conflicto de interés con algún/a funcionario/a de la municipalidad, para lo cual pueden ingresar al portal de la Contraloría General de la República y revisar la declaración jurada de intereses”, precisó el representante de la institución en el Vraem.

Asimismo, realizar más de una cotización con proveedoras/es relacionadas/os con el rubro del bien o servicio a contratar, para evitar sobrevaloraciones en el proceso. Solicitar que las cotizaciones incluyan información objetiva sobre la experiencia de las/los proveedoras/es en el rubro del bien o servicio a contratar, entre otras medidas.

De la misma manera, el módulo de la Defensoría del Pueblo solicitó a las comunas distritales recordar a las/los funcionarias/os y servidoras/es a cargo de los procesos de contratación las consecuencias que conllevaría la incursión en actos de corrupción, que van hasta penas privativas de la libertad e inhabilitación perpetua para laborar en el Estado.

Finalmente, la institución indicó que se mantendrá atenta a cualquier denuncia ciudadana por sobrevaloración en la adquisición de bienes y servicios en el marco de la emergencia, a fin de trasladar los hechos a las entidades competentes para su investigación y sanción de ser el caso.