Expropiados llevan al Estado ante los tribunales

La exhortación del presidente Ollanta Humala al Tribunal Constitucional (TC), para que evite pronunciarse sobre los bonos de la reforma agraria, no solo tensó su relación con este fuero jurisdiccional, sino también trajo a colación los juicios tanto en plano interno como externo que enfrenta al Estado peruano con inversionistas extranjeros y peruanos para que se les pague por los bonos que compraron a más de un expropiado del régimen militar de Juan Velasco Alvarado.

El experto en temas agrarios Fernando Cillóniz explicó a Correo que muchos de esos inversionistas, entre ellos grandes especuladores, compraron esos bonos a precios irrisorios para cobrarle al Estado peruano, pero con precios actualizados, sabiendo que pueden enjuiciarlo y ganarle en instancias internacionales.

"Hay especuladores que exigen el pago en instancias internacionales porque saben moverse muy bien en esos fueros, mientras que un pequeño o mediano expropiado, no", comentó.

La declaración del presidente Humala se dio a propósito del pronunciamiento que tiene pendiente hacer el TC sobre el pedido del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) para canjear los bonos de la reforma agraria por bonos soberanos (los que emite el gobierno a nombre del Perú) con valor actualizado.

Cillóniz también afirmó que existe consenso entre muchos bonistas para que el pago de esos bonos se haga con tierras eriazas, cambio de impuestos, o canjearlos a plazos más largos. "Los expropiados no esperan ahora un pago en efectivo, lo que les importa es que el Estado les honre la deuda de hace más de 40 años", comentó.

ALTA SUMA. En tanto, el exministro de Economía Ismael Benavides dijo que existe un estimado de lo que tendría que pagar el Estado a los bonistas de la reforma agraria. "Existe un estudio que hizo el economista Bruno Seminario, de la Universidad del Pacífico, el mismo que señala que esa deuda sería superior a los $4500 millones, con precios actualizados, incluyendo los intereses acumulados", indicó.

Recordó que con la reforma agraria se hicieron 15 mil expropiaciones de tierra, de las cuales unos 350 propietarios son afectados directamente y mantienen un juicio para que el Estado les reconozca sus deudas, porque no recibieron ni siquiera bonos.

A su vez, en su oportunidad, la exdefensora del Pueblo Beatriz Merino señaló que solo el 20% del total de expropiados por la reforma agraria estaban en la costa (unas 13 haciendas), mientras que el 80% restante eran pequeños y medianos propietarios, recalcando que entre esos afectados hay quienes tenían 10 hectáreas de tierra, muchos de los cuales cayeron en la pobreza.

JUICIOS. Desde diciembre del 2010, el Banco de Crédito del Perú (BCP) ha iniciado diversas demandas contra el Estado peruano, buscando cobrar bonos hasta por $27 millones, los que obtuvo de clientes que habían pagado con este instrumentos algunas deudas.

Es más, señaló que algunos expropiados, cansados por años de litigio, vendieron sus derechos a fondos de inversión de mercados emergentes como Gramercy, con sede en Connecticut, Estados Unidos.

Al respecto, indicó que muchos bonistas, frustrados por los retrasos, ofrecen vender por internet, desde hace años, sus títulos a entre el 10% y el 50% del valor que podrían recuperar.

Producto de algunos de estos procesos, el ministro de Agricultura, Milton von Hesse, alertó que el Poder Judicial (PJ) ya está procediendo a ordenar embargos de las cuentas del Estado.

"El PJ está resolviendo el tema, pues los afectados acuden individualmente a esa instancia. Vemos fallos que se resuelven a favor de algunos demandantes. En el Minag, tenemos varias cuentas embargadas por esos juicios", dijo Von Hesse.

Mencionó que se han impugnado esos embargos en los cuales se observaron distintas decisiones de los jueces respectivos.

Solo en el Estudio Olaechea ya cuentan con 50 procesos iniciados, por esta materia, muchos de ellos ya con sentencia de última instancia.

LOURDES. La lideresa del PPC, Lourdes Flores Nano, aseveró que si el presidente Ollanta Humala decide pagar los bonos de la reforma agraria, constituiría un hecho histórico, pues contrariamente a lo que se esperaría, sería un gobierno ligado al velasquismo el que honraría el pago.

"Me parece muy mal que un Presidente de la República le pretenda dar, hacia el final del mandato de un tribunal, indicaciones o insinuaciones de lo que puede o no puede hacer un órgano estatal. Es una injerencia política incorrecta e indebida y por eso estuvo muy bien la respuesta del tribunal", resaltó Flores.

Por ello, consideró adecuado que sea el actual TC el que resuelva la demanda y no el nuevo colegiado que va a ser elegido por el Congreso.

"Quisiera decirle al Presidente de la República y a este gobierno: ¿Ustedes se imaginan, para un gobierno inspirado en el mensaje de Velasco Alvarado, que este gobierno sea el que finalmente honre una deuda histórica en el Perú? Sería un paso fundamental. Cerrar una etapa histórica", aseveró.