FF.AA. contra  delincuencia
FF.AA. contra delincuencia

Frente a la inseguridad ciudadana, que ha desbordado la capacidad de la Policía Nacional en combatirla, las fuerzas militares no se hacen un lado y muestran su disposición a luchar contra este flagelo si son convocadas.

El tema es polémico y puede ser objeto de un amplio debate, pero ¿no sería factible que ante las cada vez peores estadísticas de criminalidad puedan entrar a tallar las Fuerzas Armadas?

Precisamente eso fue lo que Correo le consultó al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de División EP Leonel Cabrera Pino, el último viernes. “Como todos los ciudadanos, podemos observar que (la Policía Nacional) está haciendo un esfuerzo tremendo para ayudar al control de la inseguridad, pero nosotros, como Fuerzas Armadas, como parte del Estado, si en alguna oportunidad nos convocan, tenemos que adecuar nuestra fuerza para esa convocatoria. Mientras tanto, continuamos con nuestra misión que está establecida en la Constitución. Eso es lo que tenemos que hacer”, señaló durante una visita a San José de Secce, provincia de Santillana, en Ayacucho.

EN EVALUACIÓN. Aunque parezca descabellado, en el trabajo de prevención de la delincuencia que realiza el Ejecutivo, la implementación de las fuerzas militares en el corto plazo es una opción.

Y es que ante el Congreso, tanto Urresti como su colega de la cartera de Justicia, Daniel Figallo, así lo han afirmado en distintas oportunidades.

En la sesión conjunta de las comisiones de Defensa Nacional y Comercio Exterior, desarrollada el 9 de setiembre, el titular del Interior se comprometió a “estudiar con mayor detalle” la implementación de un dispositivo legal que faculte la intervención del Comando Conjunto en los sectores con mayores índices de delincuencia.

Figallo, por su parte, sostuvo el pasado 7 de octubre, en la sesión de la comisión especial de Seguridad Ciudadana, que el planteamiento para que los militares puedan salir a las calles “se está evaluando en el Gobierno”.

ESTÁN FACULTADOS. Efectivamente, la intervención de las Fuerzas Armadas se encuentra facultada jurídicamente conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N°1095, que establece las reglas de empleo y uso de la fuerza por parte del contingente militar en el territorio nacional.

“Su implementación para la lucha contra la inseguridad ciudadana solo requiere de la voluntad política del presidente Humala”, refirió al respecto el legislador Renzo Reggiardo (Concertación Parlamentaria), al explicar que entre las normas que circunscriben su ejecución se señala que la titularidad del orden interno estaría a cargo de la Policía Nacional.

El decreto, emitido por el Ejecutivo en el año 2010, tras la delegación de facultades que le fuera otorgada por el Congreso mediante la Ley 29548, establece la actuación de las Fuerzas Armadas en disturbios internos, expresiones de violencia, latentes o manifiestas, en forma de graves alteraciones del orden público.

“Lo que harían las Fuerzas Armadas sería implementar el trabajo de la Policía donde no se tienen los efectivos necesarios”, explicó Reggiardo al momento de precisar que su aplicación no requiere de medidas de excepción, como declaratorias de emergencia que restrinjan derechos ciudadanos.

La metodología para implementar ese dispositivo requiere que la autoridad policial dé cuenta al titular del Interior sobre la zona en necesidad del soporte de las Fuerzas Armadas, para que luego el Mininter regularice la solicitud a través de un decreto supremo, que deberá ser refrendado por el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, y el jefe de Estado, Ollanta Humala.

YA FUE UTILIZADO. El Decreto Legislativo N°1095 no le es extraño al actual Gobierno. Y es que funcionó como marco legal de la Estrategia Nacional para la Interdicción de la Minería Ilegal, aprobada en enero último por el Consejo de Ministros.

Además, la norma, que permitiría un trabajo conjunto entre los institutos armados y la Policía para combatir la ola delincuencial, tiene un formato similar al aplicado en el VRAEM.

Esta medida integrada fue utilizada en el 2010 por el gobierno de Alan García para combatir a remanentes de Sendero Luminoso en dicha jurisdicción.

Hace unos días, el procurador del Ministerio de Defensa, Gustavo Adrianzén, indicó que aunque el Decreto Legislativo 1095 no cuenta con un reglamento, se viene trabajando en un manual de operaciones que estaría listo antes del 28 de julio del próximo año.

“Lo que queremos es trabajar en el primer semestre del próximo año un manual operacional para tenerlo aprobado antes del 28 de julio. Este manual es muy importante para darle un marco jurídico integral al accionar de las Fuerzas Armadas y Policiales”, refirió.