La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, oficializó la renovación de contratos CAS de unos 3 mil trabajadores que iban a ser separados por su sucesor. Como respuesta, la teniente alcaldesa electa, Patricia Juárez, amenazó con interponerle un proceso penal y administrativo por incumplimiento de acuerdos.

Tal como adelantó Correo, la gestión entrante solicitó a su antecesora “no renovar contratos CAS” de un número de trabajadores.

TERCA. Sin embargo, la comuna capitalina se resistió a tal pretensión. En un comunicado, señaló ayer que ese pedido “no fue justificado con una evaluación que demuestre que los servicios de los trabajadores no son requeridos”.

Además, dice, su ejecución hubiera provocado “una situación de desgobierno y peligro” en áreas vulnerables.

Para Juárez, dicha actitud es una clara “violación a las reglas del acuerdo” establecidas durante el proceso de transferencia.

“Es un flagrante incumplimiento a las reglas del fin del mandato que establece el DL 955, que señala que la municipalidad no puede comprometer recursos que vayan más allá de su gestión”, explicó.

Si bien se puede en este momento ejecutar esa medida, luego deberá “someterse a las sanciones administrativas y penales que correspondan”.

Desmintió a Villarán al afirmar que sí se hizo una evaluación del personal en las subcomisiones de transferencia, de acuerdo con las necesidades de cada área municipal, pero se consideró una reducción menor en servicios vulnerables, como Serenazgo, albergues, limpieza y alimentos.

SON TRES MIL. Explicó que la reducción de personal responde a la necesidad de aumentar las partidas para las obras públicas, cuyo monto actual es de solo S/.15 millones para proyectos nuevos, suma que no alcanza ni “para el puente Bella Unión”, acotó.

“Debemos reducir el gasto corriente. O se sigue pagando esa abundante planilla con asesorías o privilegiamos la obra pública”, añadió.

Juárez adelantó que los despidos serían “los necesarias para dejar (la planilla) como estuvo en el 2010”. Unos 3 mil trabajadores.

El teniente alcalde Hernán Núñez confirmó esa cifra al hablar sobre las reuniones de transferencia. “Nunca precisaron qué es lo que iban a hacer, pero sí dijeron que serían de 2500 a 3 mil despedidos”, acotó.