Hay 13 mil padres denunciados por delito contra la familia

Un incremento alarmante de denuncias por omisión a la asistencia familiar se registra cada año en el Distrito Judicial de Lambayeque.

Las víctimas son niños y niñas cuyos padres decidieron alejarse del seno familiar, obviando la responsabilidad asumida en el matrimonio.

Según informó la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque, Carmen Miranda Vidaurre, las denuncias por este tipo de delito sumaron 2874 en el año 2009, al año siguiente aumentó a 2996, en el 2011 se incrementó a 3744, mientras que en el año 2012 la cifra llegó a 3431.

Vale decir que un total de 13 mil 041 padres irresponsables afrontaron procesos con la justicia durante los últimos cuatro años, por no cumplir con el pago de las pensiones alimenticias de sus hijos.

PROBLEMA. Lo más preocupante, es que solamente hasta marzo de este año, ingresaron a la sede fiscal un total de 818 denuncias, lo que hace vaticinar que al término del 2013, el problema se agudizará.

"Estas cifras nos indican que la irresponsabilidad de los padres de familia está en aumento, la falta de conocimiento de sus obligaciones puede ser una de las razones; pero eso conlleva a que frente a esta escasa responsabilidad, los hijos sufran las consecuencias", manifestó.

La magistrada sostuvo que el alejamiento del hogar sería uno de los motivos por el cual se origina el ausentismo escolar, la desnutrición infantil, la injerencia de los adolescentes en las pandillas y la drogadicción, la trata de menores e incluso la delincuencia y sicariato juvenil.

PATROCINIOS. A su turno, la titular de la Dirección General de Defensa Pública de Lambayeque, Erlita Gelacio LLontop, precisó que el número de patrocinios asumidos por los defensores públicos a padres de familia, también registra un aumento considerable.

Precisó que en el 2009, año en que se puso en marcha el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) asumieron la defensa de 330 denunciados por el delito de omisión a la asistencia familiar, de igual manera en el 2010 hicieron lo propio con 1329, cifra que en el 2011 registró a 1358 demandados, en el año 2012 a 1274 y por último en lo que va del 2013 se han presentado 774 casos.

"De las denuncias presentadas al Ministerio Público, el 40 por ciento son casos donde los imputados no tienen abogados privados, es por eso que la Defensoría Pública asume el patrocinio de estos imputados por requerimiento de la Fiscalía. Precisamente la carga procesal de cada abogado defensor fluctúa entre los 160 y 190 expedientes, de los cuales el 45 a 50 por ciento comprenden el delito de omisión a la asistencia familiar", acotó.

DENUNCIA. Sobre el particular, la coordinadora del Centro de Emergencia Mujer de Chiclayo, Angélica Musayón Chira, indicó que las madres de familia que denuncian a sus esposos o convivientes por violencia familiar, también se ven obligadas a presentar una denuncia por alimentos.

"El 98% de mujeres que vienen a interponer denuncia por maltrato físico y psicológico, inmediatamente son orientadas para que inicien el proceso por asistencia alimentaria, porque cuando golpean e insultan a sus esposas, los hombres pierden el interés hacia sus hijos, son padres que no van a cumplir con sus obligaciones de asistencia, por eso son demandados", acotó.

Precisó que al cierre del 2011 se presentaron 759 casos de violencia familiar, los cuales en el 2012, alcanzaron el total de 916. Asimismo reveló que durante el 2013 se han registrado 215 casos nuevos de maltrato familiar.

"Los gobiernos municipales no establecen políticas públicas para el fortalecimiento de la familia y la promoción de la paternidad de los hombres. Necesitamos que los alcaldes se involucren. La carga procesal que genera la omisión a la asistencia familiar es un gasto para el Estado mismo y para la sociedad, porque hay que pagarle a un juez y a un fiscal. Además no nos damos cuenta que el niño agraviado, cuyo padres es demandado, presenta una afectación psicológica, porque interpreta que a su padre no le interesa", manifestó.

SOLUCIÓN. Por su parte la titular de la Defensoria Pública de Lambayeque, Erlita Gelacio, sostuvo que el aumento de la pena - la cual es benigna para los padres que incurren en delito contra la familia (de 2 a 4 años de cárcel) - no es una solución viable para el presente problema.

"Endurecer las penas no garantizaría la reducción de este tipo de procesos, el tema es más social, lo que se debe hacer es inculcar valores a los niños y adolescentes desde las escuela y universidades para que después asuman su responsabilidad", propuso.

Del mismo modo, la titular del Ministerio Público de Lambayeque, Carmen Miranda, sostuvo que los gobiernos locales y provinciales deberían unirse a la labor de prevención que realizan a través de los programas "Fiscales Escolares" y "Padres construyendo hijos de éxito", acercándose a las zonas en donde la violencia familiar es mayor.