Dirigentes de los trabajadores de la unidad minera Inmaculada pidieron la intervención de los ministerios de Energía y Minas, y de Trabajo, así como de la Defensoría del Pueblo y de la Fiscalía de la Nación para dar solución al conflicto social.

En un comunicado, señalaron que desde hace más de 30 días se siguen cometiendo nuevos delitos que atentan contra la seguridad de los trabajadores de la minera, quienes permanecen secuestrados y sin poder salir por temor a ser agredidos y bajo constantes amenazas.

“Responsabilizamos a los dirigentes del anexo de Huancute, así como a las autoridades que hasta el momento no toman acción sobre estos actos de violencia”, indicaron.

“Nosotros como dirigentes sindicales, es velar por la seguridad de todos los trabajadores y nuestra mayor responsabilidad es preservar nuestros puestos de trabajo. En tal sentido, respetamos el derecho de los pobladores y de tal forma exigimos que los pobladores respeten nuestros derechos como personas que somos ‘la libertad y el libre tránsito’”, añadieron.

Finalmente, los dirigentes, como organización sindical, condenaron todo acto de violencia e invocaron a los pobladores del anexo de Huancute y la empresa minera Ares SAC que las negociaciones deben estar basadas en el “diálogo y respeto mutuo”.

Como se recuerda, debido a presuntos incumplimientos de compromiso con la comunidad de Huancute (Ayacucho), los pobladores exigen el retiro de la unidad minera Inmaculada, así lo señaló la líder de dicha zona, Martha Elena Cayo.

“La empresa minera Ares, en el 2011, cuando llegó a la comunidad indígena de Huancute nos prometieron desarrollo, entre ellos, un contrato de servidumbre a titular nuestras tierras por utilizarlas, pero hasta el momento no hay nada. Por sus incumplimientos estamos pidiendo que se retiren”, dijo Cayo en entrevista con RPP.

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