A pesar de la aún pandemia por el COVID-19, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Huánuco, en el año 2020, atendió un total de 2908 casos referidos a la vulneración de los derechos ciudadanos; además, dicha cifra representó 74 casos más que el año anterior.

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Según la Defensoría, 1542 fueron consultas, 1100 quejas contra instituciones públicas y 266 petitorios presentados a diversas entidades del Estado.

El balance realizado por la oficina defensorial, determina que las municipalidades fueron las instituciones más quejadas, con 233 casos que representan el 29.8 % de quejas.

Seguido de esto viene la Dirección Regional de Salud de Huánuco con 92 quejas (8.2 %); los centros médicos, con 89 quejas (8 %); el INPE con 71 quejas (6.4 %); el Gobierno Regional con 53 quejas (4.7 %); el Poder Judicial con 50 quejas (4.5 %); la Dirección Regional de Educación con 48 quejas (4.3 %) y el Ministerio de Salud con 40 quejas (3.6 %).

“Asimismo, EsSalud con 39 quejas (3.5 %); la Policía Nacional del Perú con 35 quejas (3.1 %); las empresas privadas prestadoras de Servicios Públicos y Saneamiento con 33 quejas (3 %), y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social con 32 quejas (2.9 %)”, precisó la Defensoría.

En paralelo, sobre los temas atendidos, la Defensoría indicó que 650 casos (20.4 %) fueron por trámites y procedimientos, 511 casos (16 %) por deficiencias en los programas y servicios sociales, 502 casos (15.7%) por dilaciones en la justicia, 458 casos (14.3 %) por los servicios de salud y 213 casos (6.7 %) por inconvenientes con otros servicios públicos.

Precisó que también se atendieron casos relacionados a temas municipales, laborales, de servicios educativos, integridad personal, transparencia y acceso a la información, gestión del riesgo de desastres, libertad personal, identidad y transporte.

DESTACADAS

De acuerdo a la información brindada por la Defensoría en Huánuco, entre las intervenciones más relevantes destacan las supervisiones realizadas en los meses de mayo y octubre a 12 instituciones prestadoras de servicios de salud en la que se detectó la falta de abastecimiento y distribución adecuada de protección personal ante el COVID-19.

En dichas supervisiones se detectó que en cuatro centros de salud faltaban ambulancias; sin embargo, donde sí había vehículos, el equipamiento era insuficiente y las unidades operaban sin SOAT ni revisión técnica.

Otros temas relevantes atendidos por la institución fueron la supervisión a las manifestaciones ciudadanas, en las cuales se garantizó el respeto al derecho de la protesta pacífica, así como la supervisión a las jornadas de vacunación.

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