Informe de comisión especial desnuda irregularidades en comuna piurana
Informe de comisión especial desnuda irregularidades en comuna piurana

Luego de treinta días y varios obstáculos, la comisión especial de investigación municipal hizo entrega de su informe preliminar, en el que la cereza del pastel es la cuestionada y amañada obra de mejoramiento de la avenida Bolognesi, entre el tramo del Malecón Eguiguren y la avenida San Martín.

El 14 de agosto pasado, Correo dio a conocer sobre el pago irregular de 727 mil 860.80 nuevos soles que aprobó la cadena de mando de la Gerencia Territorial y de Transportes de la comuna piurana en forma irregular en beneficio del Consorcio Bolognesi, que ejecuta el tan mentado proyecto.

De origen chimbotano, las empresas que integran el consorcio ganaron la buena pro al concursar en solitario, ya que nadie más se presentó porque las bases administrativas integradas de la Licitación Pública N°001-2012 consignaba en su artículo 2,8, en letra mayúscula, que "no se otorgará ningún tipo de adelanto".

Así lo confirma el informe firmado y sustentado por los concejales Alberto Chumacero Morales, Alexánder Ipanaqué Sánchez, Fabián Merino Marchán y Alfonso Llanos Flores.

La irregularidad se llegó a consumar con la aprobación y desembolso del adelanto directo. "Ha existido una flagrante violación de las bases integradas (...) del contrato celebrado entre la Municipalidad Provincial de Piura y el Consorcio Bolognesi, así como la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado", refiere el documento del comité.

Estas son algunas de las once conclusiones y seis recomendaciones del informe preliminar de la comisión, aunque por poco y no ve la luz, ya que en un primer momento el concejal Floresmilo Yaxahuanca Tapia no quiso firmar el documento.

El informe recomienda denunciar por el presunto delito de colusión a los siguientes funcionarios de la Gerencia Territorial:

Carolina Elera Saavedra, Freddy Rabanal Araujo, Jenisse Fernández, Fabiola García Torres y Roder Calle Gonzáles, a quien se le señala una "conducta extremadamente grave". También al representante legal de consorcio.