La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDIH) hizó público su informe final sobre la ola de protestas y muertes registrada en el perú entre diciembre y enero. En ella concluye que el Estado peruano violó gravemente los derechos humanos al hacer un uso excesivo de la fuerza durante las protestas en regiones.

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La CIDH ha enumerado diversas situaciones de los aconteciminetos. En el caso de Ayacucho, donde se contabilizan 10 decesos, la comisión exige que las investigaciones deben darse con “debida diligencia y con un enfoque étnico-racial”. Además, denuncia que, al haber sido perpetradas por efectivos de la PNP y FF. AA., “las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales”.

“Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre”, precisa el documento.

BOLUARTE RECHAZA APRECIACIONES DE INFORME

Al respecto, la presidenta Dina Boluarte se pronunció sobre el informe final que presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con respecto a la situación de los derechos humanos durante las protestas sociales contra su Gobierno y el Congreso de la República.

La mandataria rechazó la “calificación de ‘ejecuciones extrajudiciales’ y ‘masacre’”, como la CIDH consideró a los hechos acaecidos en Ayacucho, Juliaca y Puno, respectivamente.