La aplicación del Decreto Legislativo N° 1194, que regula el proceso inmediato en caso de flagrancia, acentuaría la sobrepoblación penitenciaria y podría convertir las cárceles en bombas de tiempo, advirtió ayer el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), Julio Magán.
“La sociedad, la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial están satisfechos con esta disposición porque la condena es rápida, pero no se dan cuenta que los procesados irán a prisiones, donde ya no hay espacio”, señaló.
Preocupación. Según Magán, esta norma que agiliza las sentencias contra las personas que son sorprendidas cometiendo un delito in fraganti, provocaría el colapso de los establecimientos penitenciarios del país.
El problema se agravaría si se crean los 126 Órganos Jurisdiccionales de Flagrancia Delictiva, como lo plantea el presidente del Poder Judicial, Víctor Ticona.
“Si ingresen 10 personas por mes en los 126 órganos, entonces vamos a tener aproximadamente 1500 internos más en el país y al año serían unos 17 mil. Eso rebasa la capacidad de cualquier sistema penitenciario” expresó.
Solución. Para el jefe del Inpe, la norma tiene un fin positivo porque evita la impunidad y sanciona a los procesados de forma rápida. Sin embargo, la solución está en buscar penas alternas como las jornadas de trabajo.
“En las cárceles solo deben estar quienes reciban condenas mayores de cinco años, no aquellos que están de forma transitoria porque no se pueden realizar trabajos de reinserción”, comentó.
Por otro lado, Magán refirió que la población actual supera los 77 mil reos, cuando solo existe capacidad para 33 mil. Detalló que los principales delitos cometidos por los internos son contra el patrimonio y la vida. “Es importante tener nuevas infraestructuras que permitan una real rehabilitación”, acotó.
CONVENIO
El Inpe y el INEI trabajarán juntos para realizar un censo penitenciario, cuyo resultado permitirá ejecutar acciones contra el delito.
DATO
3 generaciones en las familias del Callao se han dedicado a la actividad delictiva.