Increíble, en plena campaña electoral y pese a que está prohibido, un movimiento político instaló su local de campaña en un local que es de propiedad del Estado.
Se trata de la agrupación Unidos por Huancavelica, cuyos candidatos a la región son el sacerdote Salvador Espinoza y a la municipalidad provincial Rómulo Cayllahua.
VIGENTE. El predio está unicado en el cruce de las esquinas de los jirones Agustín Gamarra, Arequipa y el Pje. Versalles, en pleno centro de la ciudad de Huancavelica. En total tiene un área de 187,29 metros cuadrados
La inscripción ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) la realizó la Municipalidad Provincial de Huancavelica en noviembre del 2013 a las 10:49 horas,
La inscripción del local se confirma en la partida registral de Sunarp N° 11022261.
EN RIESGO. La instalación se habría realizado desde el mes de julio, frente a ello, el regidor Hugo Caballero Iparraguirre, manifestó que es un tema que no se debería permitir y se encuentra en proceso judicial.
Dio a entender que el predio correría riesgo si es que dicho movimiento gana, pues podría darse condiciones para que pase a otra persona, quien lo ocupa desde hace varios años.
litigio. Días atrás, el alcalde provincial, José Cayllahua Pantoja, manifestó que hay un litigio judicial de por medio, que será recuperado para que la municipalidad de Huan cavelica construya allí un parque a favor de toda la población huancavelicana.
“Ese lugar está en litigio, ya hemos ganado en la instancia correspondiente, esperamos que nos notifiquen la sentencia para nosotros intervenir. Cuando nos entreguen la sentencia pensamos poner un tractor para recuperar ese parque que será para la población”, dijo Cayllahua.
RESPONDEN. Buscamos la versión del candidato Rómulo Cayllahua pero no respondió las llamadas a su celular. Quien contestó fue el candidato Salvador Espinoza y afirmó que decidieron cambiar de local de campaña luego de que el otro locaambiente ubicado al frente (entendemos la discoteca Calle 8) les cobraba muy caro. “No sabía que el terreno era de propiedad estatal. El contrato lo firmó el arquitecto Edgar Ruiz, el vicepresidente”, dijo Espinoza Huarocc.